La transparencia en cifras: 1 consejo, 18 funcionarios y 118.000 entidades obligadas

Además de esta labor, el ciudadano puede conocer cómo se está aplicando la Ley transparencia, tanto a nivel estatal como autonómico y local, gracias a la rendición de cuentas del Consejo que anualmente publica su memoria de actividades.

La información y datos que se pueden consultar en este informe, disponible en la web del Consejo, permite saber que cada vez los ciudadanos preguntan más, cuáles son las instituciones que más reclamaciones acumulan o cómo se está desarrollando la actividad del Portal de Transparencia del Estado.

Sin embargo, el análisis en detalle de estas memorias, siendo la Memoria 2017 la última publicada, arrojan una serie de números que no pasan desapercibidos, así como las recomendaciones del Consejo de Transparencia, quien señala algunos puntos de especial interés como la discrepancia de ciertas entidades públicas con las políticas de transparencia; el retraso en el desarrollo de herramientas tecnológicas que le permitan realizar su labor de un modo más eficaz, o cuánto le cuesta garantizar el acceso a la información pública por la falta de compromiso institucional con la transparencia.

18 funcionarios para evaluar 118.000 entidades

A final de 2017, la dotación real de “efectivos” del Consejo de Transparencia era de 18 personas. Con esta dotación, el Consejo debe evaluar en materia de transparencia y acceso a la información pública a los sujetos del artículo 2 de la Ley de transparencia, que suman aproximadamente 18.000 unidades entre ministerios, administraciones autonómicas, entidades locales, agencias estatales, universidades o entidades gestoras de la Seguridad Social.

A estas unidades se suman los “otros sujetos obligados” establecidos por el artículo 3: partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales, y entidades privadas receptoras de fondos públicos por importes superiores a 100.000 euros. En 2016 el Consejo de Transparencia estimó aproximadamente 100.000 entidades dentro de esta categoría, que además no cuenta con un censo oficial, ni plataforma o recurso centralizado que facilite al Consejo identificar con garantías suficientes a las organizaciones o personas subvencionadas determinadas por la Ley de transparencia.

Por estos motivos, el Consejo decidió restringir su evaluación de cumplimiento a los sujetos del artículo 2 y, a su vez, siguió unos criterios de muestreo para realizar su evaluación, siendo en total 60 instituciones públicas las evaluadas en el último informe de la Memoria 2017.

13.000 entidades locales reducidas a una muestra de 13

Para llevar a cabo su evaluación, el Consejo de Transparencia ha desarrollado en colaboración con la antigua Agencia Española de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios la metodología Mesta –Metodología de Evaluación y Seguimiento de la Transparencia de la Actividad Pública-. Además de conocer cómo cumplen los distintos organismos públicos con la Ley de transparencia, se incluye un sistema de autoevaluación, que facilita tanto las comparaciones entre los organismos, como la identificación de líneas de estudio y de mejora continua.

Sin embargo, la aplicación de Mesta se hace actualmente de un “modo simplificado” o “en versión resumida” debido fundamentalmente al retraso en el desarrollo de las herramientas tecnológicas necesarias para su aplicación y a la limitación de los recursos humanos y materiales de los que dispone el Consejo. Según la previsión hecha en la Memoria 2017, la aplicación de las herramientas tecnológicas se traslada para finales de 2018, por lo que hasta la evaluación de 2019 no se podrá contar con ellas.

Por este motivo, el Consejo ha tenido que limitar el número de entidades locales evaluadas y de los más de 13.000 organismos y entidades registrados en 2017 en el Inventario de Entes del Sector Público de la IGAE –Intervención General de la Administración del Estado-, se han evaluado 13 como muestra representativa de los sujetos obligados, entre los que se encuentran los ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes, Castelldefells, Altea, Arroyo de la Luz, Tordesillas, y las diputaciones provinciales de Salamanca y Sevilla, junto con la Mancomunidad de la Costa Occidental.

Por otra parte, la evaluación solo se ha realizado sobre las obligaciones de publicidad activa en materia de información económica, presupuestaria y estadística, dando como resultado que el porcentaje medio de cumplimiento de las 13 entidades es del 54%.

El 75% de los ciudadanos no conoce el Portal de Transparencia

Por otra parte, la evaluación del Consejo también incluye un apartado de Respuesta Ciudadana en el que analiza el grado de conocimiento de la Ley y de sus herramientas para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

En memorias anteriores se indica que una las dificultades para el cumplimiento de la Ley de Transparencia es “el escaso conocimiento de la norma por parte de la ciudadanía” y para confirmar esta hipótesis, el Consejo de Transparencia solicitó la colaboración del Centro de Investigación Sociológicas –CIS- que realizó una encuesta para medir esta situación con precisión.

En la web del CIS se puede acceder al Estudio nº 3817, publicado en septiembre de 2017, que reveló los siguientes resultados:

• El 47% de los encuestados “no conoce o no ha oído hablar de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”.
• El 68% “no conoce o no ha oído hablar del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”.
• El 75% “no conoce o no ha oído hablar de la página web del Portal de transparencia de la Administración del Estado”.
• Del 25% que “sí conocen el Portal” (620 encuestados), el 80% no ha visitado o consultado la web del Portal de transparencia en alguna ocasión.
• Del 20% que conocen o han oído hablar del Portal y lo han consultado o visitado (123 encuestados), el 26% lo ha consultado una vez, el 23% entre tres y cinco veces y el 19% dos veces.
• La información pública que despierta mayor interés entre la ciudadanía es la vinculada a la actividad económica y la gestión presupuestaria de las instituciones públicas. De este modo, el 20% de los encuestados considera que la información más importante para el conocimiento público es la relativa a los presupuestos y al gasto de la organización, seguido del 16% que considera más importante la relativa a las subvenciones recibidas y otorgadas por las administraciones, y del 15,6% que considera más importante la relacionada con los salarios y retribuciones de los responsables de la institución.
• El 80% de los encuestados cree necesario que “exista un organismo encargado de que las Administraciones Públicas cumplan con sus obligaciones de transparencia”.

Ante estos resultados, el Consejo de Transparencia confirmó su percepción de que “el Portal es un instrumento de uso complejo para los ciudadanos no expertos en cuestiones administrativas”, que prefieren utilizar fuentes alternativas para informarse sobre la actividad de las instituciones públicas, como los motores de búsqueda comerciales.

Garantizar el acceso a la información cuesta 37.000 euros

Las reclamaciones formuladas por ciudadanos en el año 2017 aumentaron un 50% con respecto al año anterior, siendo en total 1.067. Sobre este aspecto, los Ministerios del Interior y de Hacienda y Función Pública destacan por ser las instituciones que más reclamaciones acumulan tanto en el último año evaluado como en toda la serie histórica, con 278 y 189 respectivamente.

Sin embargo, el dato más señalado por el Consejo de transparencia, es que de las 1.067 reclamaciones, 544 fueron resoluciones estimadas que precisaban la ejecución por parte de los organismos y entidades responsables. De estas resoluciones, 49 fueron objeto de recurso contencioso-administrativo, quedando suspendidas en su cumplimiento.

En este sentido, el Consejo llama la atención sobre el hecho de que los organismos de la administración general del Estado registran una alta “tasa de discrepancia” en la ejecución de sus resoluciones, siendo especialmente señalado el caso de la Corporación Radio Televisión Española (CRTVE) por discrepar en el 100% de los casos.

Esta situación ha llevado al Consejo a solicitar un análisis detallado de “las motivaciones de la conflictividad” para buscar soluciones; mientras, solicita mayor colaboración y compromiso con los objetivos de la política de transparencia y la garantía del derecho de acceso a la información, ya que esta “conflictividad procesal” frente a las resoluciones del Consejo de Transparencia incide desfavorablemente en el funcionamiento de este debido a la necesidad de acudir a letrados particulares para asumir su defensa en juicio. La Abogacía del Estado no puede representar procesalmente al Consejo mientras se encarga de la defensa de otro ministerio u organismo estatal.

De este modo, en la Memoria 2017 el Consejo afirma que “únicamente en 2017 el gasto del CTBG en servicios jurídicos de particulares ha superado los 37.000 euros”, un gasto que afirma poder evitar si se allanara a las pretensiones de las partes demandantes o absteniéndose de comparecer, pero concluye que descarta esta posibilidad porque entre sus fines legales y estatutarios se encuentra “el impulso de la transparencia y el acceso a la información”.