Transparencia, el juguete roto de las elecciones (y los pactos)

La expresión “juguete roto” se refiere a personas que, después de un periodo más o menos prolongado de fama, caen en desgracia y pasan de ocupar la primera plana a un inmisericorde ostracismo. Si bien su aplicación se suele usar en referencia al mundo artístico, la política en general y los procesos electorales en particular, con sus trufadas listas de promesas, han demostrado una pertinaz habilidad para “romper juguetes” según los tiempos van cambiando. Uno de los más recientes es la transparencia, que analizaremos desde tres perspectivas: el discurso, la legislación y los pactos.
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Empecemos por el discurso y situémonos para ello en diciembre de 2015. Han pasado dos años desde la aprobación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Primeras elecciones generales, precedidas de unas autonómicas y municipales apenas seis meses antes. Los discursos se llenan hasta el hartazgo de una palabra concreta que no puede faltar en ninguna intervención: transparencia. Puede mencionarse una o diez veces en un debate o en una entrevista, pero necesariamente ha de citarse, aun a riesgo de que su uso se advierta forzado.

Viendo esas intervenciones de nuestros candidatos y candidatas parecía que se estaba jugando a una versión de un popular juego de mesa, en el que se debe sugerir un concepto para que lo adivine otro jugador sin poder decir una serie de palabras claves para definirlo. En este caso, el juego vendría a ser el inverso: si no dices la palabra mágica, pierdes.

Pasamos las elecciones de 2015 y la histórica repetición electoral de 2016, de la que se constituye un Gobierno que se mantiene con estabilidad hasta junio de 2018, en el que vivimos otra situación inaudita: se conforma un nuevo Gobierno tras una moción de censura, que viene justificada por una sentencia judicial en la que se relaciona al partido de gobierno anterior con “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional” del que se beneficiaba en forma de financiación ilegal.

Si bien la transparencia no es antídoto a la corrupción, como ya se ha tratado desde el ámbito teórico y la práctica nos demostrará, sí supone una traba para el desarrollo de prácticas corruptas.

Parece por tanto bastante evidente la relación entre la caída de un gobierno por una sentencia judicial sobre corrupción y el protagonismo de la transparencia en los discursos y debates con motivo de las elecciones anticipadas de abril de 2019, que vinieron dadas por la inestabilidad del nuevo Gobierno, que no logra aprobar los presupuestos generales.

Sin embargo, en dos debates consecutivos con los líderes de los cuatro principales partidos, la mención a la palabra transparencia se reduce a su uso por los moderadores del debate en relación a los tiempos de intervención de los candidatos.

Podría pensarse que el diseño de los debates no facilitaba tratar estos asuntos, pero uno de los apartados se refería concretamente a regeneración democrática. En él, cada candidato dejó una serie de ideas, en buena parte tomadas de propuestas de la sociedad civil (sirva de ejemplo este resumen de Civio), adecuadas a su programa y dirigidas, en algunos casos interesadamente, a prácticas de sus rivales. Fin. Ya no tenía que entrar la palabra mágica con calzador; ya ni siquiera había que nombrarla. Apenas han pasado cuatro años entre el cénit y el ocaso.

Parece bastante evidente la relación entre la caída de un gobierno por una sentencia judicial sobre corrupción y el protagonismo de la transparencia en los discursos y debates con motivo de las elecciones anticipadas de abril de 2019.

Segundo acto: la legislación

La legislación electoral ha sido utilizada, asimismo, de forma partidaria para cercenar el efecto transformador de la transparencia de nuestras instituciones. La transparencia pierde fuerza si no se vincula a otro concepto fundamental como es la rendición de cuentas, para que la ciudadanía tenga la oportunidad y capacidad de evaluar la gestión realizada.

Para este propósito se han desarrollado en los últimos años unas herramientas muy valiosas, que conjugan la información sobre la acción de los gobiernos con la accesibilidad para personas no expertas en gestión pública: los portales de rendición de cuentas.

En ellos y en diversos formatos, pero siguiendo un patrón común, se muestran los compromisos de los gobiernos y el grado de cumplimiento de los mismos, acompañados de mayor o menor detalle de información adicional.

Una herramienta accesible, fácil de comprender para el ciudadano medio, gracias a la cual puede evaluar el desempeño de su gobierno y actuar en consecuencia en unas elecciones con su voto, siendo esta una de las dimensiones de la rendición de cuentas vertical (siguiendo la clasificación de Guillermo O’Donnell, la que se da entre ciudadanos y gobernantes), la más recurrente en nuestra democracia, si bien sería deseable que se afianzaran otras dimensiones.

Pues bien, la Junta Electoral Central (JEC), basándose en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), procede a ordenar el cierre de varios sitios web destinados a la rendición de cuentas durante la campaña electoral. Hay que señalar que la JEC solo interpreta el texto legal y actúa en consecuencia, y no lo hace de oficio, sino a partir de denuncias de partidos políticos en la oposición, a nivel municipal y autonómico.

En unos casos puede entenderse la actuación de la JEC pues los sitios web se crearon ad hoc para las elecciones, pero hay otros, como el de Extremadura cumple, en el que la web llevaba activa tres años y medio, por lo que no se trataba de un acto de propaganda electoral, sino de un espacio referente en nuestro país en el que se podía contrastar lo prometido con lo ejecutado por el ejecutivo regional.

Pero en esta ocasión es una ley claramente obsoleta (en este y otros preceptos, como por ejemplo la prohibición de publicar encuestas cinco días antes de la elección) la que rompe, por el uso de los partidos, una pieza del juguete de la transparencia.

Aquí, de nuevo, la sociedad civil realiza aportaciones que superarán estos límites. Pongamos como ejemplo el proyecto Analista Político Personal, un asistente de voz desarrollado por Ciecode que permite hacer un seguimiento de los compromisos electorales en distintos niveles de gobierno y que ha resultado premiado por la Unión Europea.

Los pactos no son objeto de la información que obliga a publicar la Ley de Transparencia y no puede exigirse a los partidos que los hagan públicos, aunque tratándose de un asunto tan trascendental, se vulnera el espíritu de la ley si no se conoce su contenido al menos tras firmarse.

¿Transparencia durante los pactos?

Los pactos postelectorales, por su parte, suponen el momento final del ciclo electoral, de suma importancia, pues en definitiva gracias a ellos se conformarán muchos de los gobiernos en todos los niveles territoriales, y además gozan de una preeminente atención mediática y por tanto sus detalles trascienden a la opinión pública como asunto de primer orden.

Y el espectáculo al que hemos asistido ha sido muy poco edificante en más casos de los deseables. Hemos oído hablar de pactos secretos y amenazas de hacerlos públicos si no se aceptan las condiciones de una de las partes; de pactos verbales a dos bandas (local y nacional) en las que cada una sostenía una verdad que la otra negaba, y cómo no, de exigencias de transparencia de las partes no implicadas en los pactos en su territorio, pero que no eran transparentes en otros, llegando incluso a bloqueos que impiden la formación de gobiernos con acusaciones cruzadas entre las partes negociadoras.

Como recogía Francisco Delgado en este artículo, para el que realizó una consulta al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, los pactos no son objeto de la información a la que les obliga la Ley de Transparencia y no puede exigirse a los partidos que los hagan públicos, aunque tratándose de un asunto tan trascendental para la sociedad, quién y cómo gobernará, sostiene que se vulnera el espíritu de la ley si no se conoce su contenido al menos tras firmarse, o como diría en otro artículo Sergio Jiménez se produce el “nada sorprendente hackeo de la ley de transparencia”, que debería superarse prestando más atención a la naturaleza de los sujetos y al objeto de la ley que al detalle concreto de la forma que adquieran estos pactos.

Finalizado el ciclo electoral la palabra transparencia vuelve a situarse en un lugar importante del discurso, y escuchamos en las tomas de posesión y primeras intervenciones frases que siguen de una manera más o menos flexible la siguiente fórmula: “Me comprometo a gobernar desde la transparencia”, seguida de otros atributos variables como honestidad, ejemplaridad o austeridad, dependiendo de la adscripción ideológica de quien la enuncia.

El juguete parece recomponerse. Un atisbo de esperanza que ojalá sirva efectivamente para que la gestión no camine por los mismos derroteros que el turbulento periodo electoral, que lo institucional se imponga a lo partidista y que la acción de los cuerpos funcionariales y administrativos, acompañados del necesario liderazgo político, contribuyan a que se cumplan las promesas de transparencia y regeneración de los programas electorales, tomas de posesión y otros discursos.
 

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