Los cuatro retos actuales de la transparencia

Después de unos años de efervescencia de la transparencia en España tras la aprobación de la Ley 19/2013 estatal de transparencia (LTAIBG), de leyes autonómicas y de ordenanzas municipales y provinciales, además de la puesta en marcha de multitud de portales y otras herramientas dirigidas al líquido objetivo de “abrir puertas y ventanas de las administraciones”, nos encontramos en un momento de marea baja en el que conviene replantearse cuáles son los retos que deben afrontarse en el futuro inmediato, a los que nos aproximaremos desde cuatro perspectivas: legislativa, tecnológica, comunicativa y ética.
Rafa Camacho24 septiembre 2019
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La Ley de transparencia nació acompañada de una amplia lista de críticas desde su tramitación parlamentaria, como por ejemplo el no reconocimiento del derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental, la ausencia de capacidad sancionadora del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, o su falta de una independencia orgánica que le impediría de facto enfrentarse con los poderes públicos de los que depende (crítica esta última que se ha diluido gracias al quehacer del organismo estos años).

Pero además de estas cuestiones, que podríamos desarrollar más, pero no es este el objeto de este artículo, hay otras que han ido surgiendo con posterioridad y que precisan de atención en el corto y medio plazo.

Como ejemplos y sin ánimo de exhaustividad, hay proyectos que se han aletargado en el compás de espera parlamentario, como la aprobación de una ley estatal de protección de denunciantes o la ley ómnibus de lucha contra la corrupción, y otras que, aun habiendo recibido incluso las aportaciones de la sociedad civil en el trámite de información pública, como el desarrollo reglamentario de la LTAIBG, todavía no han terminado de formalizarse.

Además, han surgido otras realidades a tener en cuenta derivadas de nuevos escenarios comunicativos, como por ejemplo el ‘apagón’ sufrido por los portales de rendición de cuentas en periodo electoral (Vid. Transparencia, el juguete roto de las elecciones (y los pactos)), consecuencia de la aplicación de una norma obsoleta como es la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) que, en materia de transparencia, necesita una reforma que debería aprobarse antes del próximo ciclo electoral.

La tecnología, clave

Siguiendo el hilo de adaptarse a los tiempos, la transparencia tiene que saber aprovechar las ventajas que la tecnología ofrece para fortalecerse como cortapisa a la corrupción.

En este sentido, el ejemplo más notable de sistema preventivo en nuestro país es la aplicación de un software para la prevención de la corrupción, materializado en el Sistema de Alertas Tempranas Anticorrupción (Satan, cuyo nombre técnico es Security Administrator Tool for Analyzing Networks) de la Comunitat Valenciana que, mediante el cruce de distintas bases de datos, trata de encontrar indicios que pueden dar pistas sobre posibles actividades ilegales (fraccionamiento de contratos, conflictos de intereses…), y en caso de encontrarlos, envía alertas a la Inspección General de Servicios.

Por otra parte, son muy interesantes todas las herramientas que se han desarrollado más allá de los portales de transparencia, como son los portales de rendición de cuentas, las herramientas de presupuestos comprensibles, las de seguimiento de programas electorales o de actividad parlamentaria, estando en niveles más o menos avanzados de desarrollo.

Son muy interesantes los portales de rendición de cuentas, las herramientas de presupuestos comprensibles, las de seguimiento de programas electorales o de actividad parlamentaria.

Estas aplicaciones, lejos de alcanzar su techo o de cubrir el espectro de aplicabilidades que pueden ofrecer, están en fase de expansión y no estaría de más el apoyo institucional para su desarrollo.

Asimismo, sería positivo mejorar los recursos existentes en cuanto a apertura de datos y fomentar la reutilización de la información del sector público (RISP), tanto para facilitar la función de vigilancia del poder del periodismo y la labor de investigación del periodismo de datos, como para promover oportunidades económicas contando con la participación de empresas y comunidades de reutilizadores.

El reto de comunicar

Estos elementos enlazan con el reto divulgativo y comunicativo. La transparencia en particular y el gobierno abierto en general no han sabido comunicarse adecuadamente, y muestra de ello son los bajos niveles de conocimiento de la población respecto a la existencia de una ley, un portal y un organismo dedicados a esta materia, como muestra el estudio 3187 del CIS, cuyos resultados analizó Beatriz C. Martisi en el artículo La transparencia en cifras: 1 consejo, 18 funcionarios y 118.000 entidades obligadas.

Además de esta evidencia demoscópica, es difícil negar la percepción de que la transparencia es un concepto poco familiar para una parte importante de la población, capaz de despertar interés continuo en una minoría social compuesta fundamentalmente por las personas interesadas en la materia a nivel profesional (política, administración pública, consultoría, docencia e investigación, periodismo) o muy informadas o implicadas en política.

En este sentido, es preciso un esfuerzo comunicativo de gran calado desde las administraciones públicas, que incida por una parte en el ‘qué’, es decir, los aspectos divulgativos y formativos de la transparencia, y por otra en el ‘cómo’, con medidas tales como campañas de sensibilización, inclusión de materias o líneas transversales curriculares en Educación Primaria y Secundaria, o campañas de publicidad institucional de alto impacto, yendo más allá de las redes sociales, como por ejemplo la televisión.

A pesar del notable esfuerzo realizado por muchas administraciones en las redes, es preciso insistir en que no se puede obviar el inmenso potencial de los medios de comunicación tradicionales, en los que las administraciones deberían invertir recursos económicos si pretenden lograr un masivo alcance de la transparencia.

Es preciso un esfuerzo comunicativo desde las administraciones públicas, que incida por una parte en el ‘qué’, es decir, los aspectos divulgativos y formativos de la transparencia, y por otra en el ‘cómo’.

El buen gobierno y la integridad pública

En cuanto al reto ético y cultural, hay que referirse a asuntos de distinta naturaleza que se relacionan con conceptos como el buen gobierno o la integridad pública. Estamos ante una materia de suma importancia pero de escasa presencia aún en las administraciones, como es el desarrollo de modelos de integridad institucional y códigos éticos, destinados a la prevención y cuya existencia genera un marco de seguridad para los servidores públicos y confianza en las instituciones para la ciudadanía (Rafael Jiménez Asensio).

Una confianza que urge recuperar como parte fundamental de la demanda mundial del “establecimiento de gobiernos honestos y responsables”, cuestión que desarrolla Amina Mohammed en este artículo dedicado al vínculo entre gobierno abierto y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el discurso que marcará la agenda política global de la próxima década y del que la transparencia y la participación no pueden desligarse.

En otro orden de asuntos, más concretos y que sirven como muestra de lo poco elevado que está el listón en materia de ética pública, es urgente la necesidad de cerrar para siempre debates tan básicos como la diferencia entre responsabilidad política y responsabilidad penal, cuyas líneas divisorias tan difusas parecen para parte de la clase política, que utiliza la justicia para zafarse de su responsabilidad política (dimisiones, ceses), vinculada artificialmente a que se dicte una sentencia judicial de culpabilidad (responsabilidad penal).

También podemos referirnos a detalles sobre el organigrama de las instituciones, donde las personas integrantes de las unidades de transparencia y otras similares (conflicto de intereses, inspección…) son vistas más “como una amenaza que como posibles aliadas”, como reconoce Joaquín Meseguer.

Seguiremos teniendo un problema severo como sociedad mientras consideremos a un compañero como una amenaza, a un denunciante de corrupción como un chivato o mientras los políticos utilicen los tribunales como pretexto para no asumir sus responsabilidades.

La responsabilidad política es una relación entre gobernantes y gobernados, entre administradores y administrados, que debe someterse a una rendición de cuentas vertical ejercida no solo en periodos electorales, sino como una evaluación continua propia de la madurez de ambos actores.
 

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