Aprobada la Directiva de protección de denunciantes de corrupción de la UE

El Consejo de Ministros de la Unión Europea ha aprobado esta semana nuevas reglas en toda la UE para mejorar la protección de los denunciantes. La Directiva de protección de los denunciantes de corrupción entrará en vigor en 2021.
CE10 octubre 2019
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La UE debe garantizar un alto nivel de protección a los denunciantes o whistleblowers en una amplia gama de sectores, incluidos la contratación pública, los servicios financieros, el blanqueo de dinero, la seguridad de los productos y el transporte, la seguridad nuclear, la salud pública, la protección de los consumidores y los datos.

Así lo ha determinado esta semana el Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptando formalmente nuevas normas sobre la protección de los denunciantes. Las nuevas reglas requerirán la creación de canales seguros para informar tanto dentro de una organización, privada o pública, como a las autoridades públicas. También proporcionará un alto nivel de protección a los denunciantes contra represalias, y requerirá que las autoridades nacionales informen adecuadamente a los ciudadanos y capaciten a los funcionarios públicos sobre cómo lidiar con la denuncia de irregularidades.

La legislación ahora será formalmente firmada y publicada en el Diario Oficial. Los Estados miembros tendrán dos años para transponer las nuevas normas a su legislación nacional.

«La UE se compromete a tener un sistema democrático que funcione bien basado en el Estado de Derecho. Eso incluye proporcionar un alto nivel de protección en toda la Unión a los denunciantes que tienen el coraje de hablar. Nadie debe arriesgar su reputación o trabajo por exponer comportamientos ilegales», afirmaba Anna-Maja Henriksson, ministra de Justicia de Finlandia.

Los elementos principales del compromiso incluyen:

  1. Creación de canales de presentación de informes dentro de las empresas/administraciones: existe la obligación de crear canales de presentación de informes eficaces y eficientes en empresas de más de 50 empleados o municipios de más de 10.000 habitantes. Esto contribuirá al desarrollo de una cultura corporativa saludable.
  2. Jerarquía de los canales de información: se alienta a los denunciantes a usar canales internos dentro de su organización primero, antes de recurrir a canales externos que las autoridades públicas están obligadas a establecer. En cualquier caso, los denunciantes no perderán su protección si deciden utilizar canales externos en primer lugar.
  3. Una gran cantidad de perfiles protegidos por las nuevas reglas: las personas protegidas incluyen aquellas con una variedad de perfiles que podrían adquirir información sobre infracciones en un contexto relacionado con el trabajo. Por ejemplo, empleados, incluidos funcionarios públicos a nivel nacional/local, voluntarios y aprendices, miembros no ejecutivos, accionistas, etc.
  4. Un amplio ámbito de aplicación: las nuevas normas abarcarán áreas como la contratación pública, los servicios financieros, la prevención del blanqueo de dinero, la salud pública, etc. Para mayor seguridad jurídica, en un anexo de la directiva se incluye una lista de todos los instrumentos legislativos de la UE cubiertos. Los estados miembros pueden ir más allá de esta lista al implementar las nuevas reglas.
  5. Medidas de apoyo y protección para los denunciantes: las reglas introducen salvaguardas para proteger a los denunciantes de represalias, como ser suspendidos, degradados e intimidados. Los que ayudan a los denunciantes, como colegas y familiares, también están protegidos. La directiva también incluye una lista de medidas de apoyo que se implementarán para los denunciantes.
  6. Obligaciones de retroalimentación para las autoridades y las empresas: las reglas crean la obligación de responder y dar seguimiento a los informes de los denunciantes dentro de los tres meses (con la posibilidad de extender esto a seis meses para canales externos en casos debidamente justificados).

Hasta ahora, la protección de los denunciantes de irregularidades ha estado cubierta de manera fragmentada. Por el momento, solo diez países de la Unión Europea tienen una ley integral que protege a los denunciantes. A nivel de la UE, existe legislación en solo un número limitado de sectores (principalmente en las áreas de servicios financieros) que incluyen medidas para proteger a los denunciantes.

Un estudio de 2017 realizado para la Comisión estimó que la pérdida de beneficios potenciales debido a la falta de protección de los denunciantes de irregularidades, solo en la contratación pública, estaría en el rango de 5,8 a 9,6 mil millones de euros cada año para la UE en su conjunto.

Siete recomendaciones para la trasposición

Con la aprobación de la Directiva Europea relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, los países de la Unión Europea tendrán dos años para trasponer la normativa y fortalecer la protección a los denunciantes.

En este sentido, Transparency International España ha publicado un documento con siete recomendaciones y buenas prácticas para que España pueda trascender los mínimos que se establecen en la Directiva Europa. De esta manera, «se podrá ofrecer una amplia protección a todos los denunciantes y avanzar en los esfuerzos anticorrupción», explican en nota de prensa.

Entre las recomendaciones, se incluye la necesidad de elaborar una legislación nacional transversal en esta materia. “Contar con una legislación nacional que unifique las medidas de protección de los denunciantes, estableciendo las garantías generales y garantías específicas para aquellos colectivos de denunciantes más expuestos, permitiría armonizar y dotar de coherencia a nuestra legislación”, señala Transparency International España en el texto.

También se incluye la necesidad de definir adecuadamente los conceptos, de ofrecer una protección a los denunciantes más allá del contexto laboral, y de reflexionar sobre las denuncias anónimas y los mecanismos más adecuados para recibirlas y gestionarlas.

Del mismo modo, la organización considera que se debe crear una autoridad independiente que vele por el cumplimiento de la legislación en este ámbito y que haga seguimiento a través de la recolección de datos, al tiempo que organice campañas de sensibilización para que la ciudadanía se familiarice con la figura de los denunciantes y se comprometa con la denuncia de las irregularidades. Otro elemento que se debe considerar es el de la perspectiva de género en los canales de denuncias, «algo indispensable para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030», concluye la organización.

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