Gobierno, sistemas de control y resultados... un nuevo examen

Las universidades están sometidas a constantes escrutinios por parte de la sociedad. Probablemente ninguna institución sea tan evaluada, medida y examinada como la universidad.
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Existen rankings internacionales (como el Higher Education Supplement publicado por The Times o el Academic Ranking of World Universities, también conocido como el ranking de Shangái) y nacionales (como el lU-Ranking elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) que miden periódicamente la calidad investigadora, docente e innovadora de la universidad.

La proliferación de estos instrumentos de medición, impulsados por distintas entidades, es una muestra de la importancia que la institución universitaria tiene para la sociedad. Las universidades, por su parte, pese a sus reservas y recelos iniciales, han ido tomando poco a poco conciencia de la relevancia que tienen los rankings como mecanismos de valoración independiente.

Por supuesto, los rankings son juicios simplificados y parciales sobre realidades que nunca resultan fáciles de medir. Pero esta limitación constituye también su principal fortaleza. La estandarización siempre implica seleccionar y ponderar una serie de variables frente a otras.

Cualquier sistema de medición es, por naturaleza, parcial. La importancia de los rankings radica en que se trata de sistemas de medición voluntarios, homogéneos, públicos y elaborados por instituciones independientes.

Otra de las principales ventajas de los rankings, frente a los sistemas legales o coercitivos, es que sus demandas varían y se van modificando en función de las circunstancias y de las nuevas expectativas de la sociedad. Esta flexibilidad permite elevar gradualmente el nivel de exigencia en las prácticas de transparencia y buen gobierno.

Esa capacidad de adaptación y mejora es una enorme ventaja frente a la ley que, por su naturaleza más estable, no puede modificarse constantemente para incorporar las buenas prácticas.

En el año 2017 la Fundación Compromiso y Transparencia que dirijo se concedió un plazo de un año para revisar y actualizar los indicadores de nuestro informe de transparencia y buen gobierno: Examen de transparencia. Tras un periodo de consulta con las universidades y sus principales instituciones representativas (CRUE) hicimos públicos los nuevos indicadores en febrero de 2019.

Como ya adelantamos, nuestra intención era ampliar la mirada sobre la universidad incluyendo un conjunto de indicadores que se centrasen en las áreas de gobierno, en los sistemas de control y en la mejora de los indicadores sobre resultados.

La universidad pública española (no así la privada) ha mejorado mucho en los últimos años en términos de publicidad activa. Por supuesto, las universidades pueden y deben seguir mejorando en sus compromisos con la transparencia, especialmente en la calidad y accesibilidad de la información, pero los estándares alcanzados en la publicación activa de información en la web de nuestras universidades se encuentran por encima de la mayoría de los países de nuestro entorno.

Es importante seguir trabajando en la actualización, homogenización y calidad de determinados contenidos de información, especialmente de los que se refieren al área de resultados (investigación, académicos, satisfacción, atractividad, etc.), pero esta es un área en la que existen muchos incentivos para la mejora. La mayoría de los rankings, como hemos comentado, se centran en estos aspectos y las propias universidades son muy conscientes de que se trata de una cuestión en la que se juegan su sostenibilidad futura.

El actual sistema de gobierno de las universidades fue diseñado por los políticos para seguir manteniendo el control sobre la institución universitaria en lugar de transferir el poder efectivo a un órgano profesional e independiente.

El principal problema que enfrenta la universidad no es falta de transparencia sino la ausencia de un sistema de gobierno eficaz. El actual sistema de gobierno fue diseñado por los políticos para seguir manteniendo el control sobre la institución universitaria en lugar de transferir el poder efectivo a un órgano profesional e independiente.

Los resultados de este informe, en el que por primera vez se examina con cierto grado de detalle el funcionamiento de los consejos sociales, vienen a constatar esta realidad. Los consejos sociales no funcionan. Si la causa principal de esta inoperancia se debe a la ausencia de un marco legal adecuado o a la falta de voluntad de sus miembros, es una cuestión que, por el momento, dejo abierta (Vid. Consejos sociales: ¿órganos de gobierno u órganos decorativos?).

Lo que está claro es que los consejos sociales tienen mucho margen de mejora dentro del marco legal actual y que existe un conjunto de buenas prácticas que pueden impulsar, si esa es su voluntad.

Si el reto que tienen por delante las universidades públicas es mejorar su sistema de gobernanza, en el caso de las universidades privadas su principal desafío es ponerlo en marcha, porque, simplemente, no existe.

Hay muchas instituciones que no tienen órganos de gobierno. La mayoría de las empresas no cuentan con un consejo de administración. La propiedad, el gobierno y la gestión se concentran en las mismas personas. Se trata de empresas que se encuentran en estados de desarrollo muy incipientes. Resulta, sin embargo, muy cuestionable que esas organizaciones vayan a poder seguir creciendo en el futuro si su configuración institucional no se fortalece.

La pregunta que tienen que hacerse las universidades privadas es si quieren seguir en ese estadio de desarrollo o prefieren dotarse de una configuración más estable que asegure la permanencia y crecimiento de la institución.

Estoy convencido de que estos informes contribuirán, como lo hicieron los anteriores, a impulsar el debate y la reflexión de los órganos de gobierno sobre el papel que deben jugar en el futuro para fortalecer la institución universitaria.


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