La Administración debe ser más digital, eficiente y transparente en 2030, según estudio
La nueva década presenta grandes retos para el sector público en un entorno complejo, donde crecen la incertidumbre y los riesgos económicos, ambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos, entre otros. La sociedad envejece y cada vez se encuentra más polarizada; la desigualdad avanza a la par que el descrédito y la desconfianza en las instituciones, mientras que la digitalización acelera el cambio de paradigma social.
La Administración tendrá que hacer frente a estos desafíos y, para ello, deberá redefinir su misión y su modelo de funcionamiento, según el informe Administración 2030: una visión transformadora, elaborado por Rafael Catalá y Óscar Cortés dentro de las actividades del Observatorio para la Transformación del Sector Público Esade-PwC.
En 2030 la Administración tendrá que ser íntegra y centrada en el ciudadano; deberá contar con procedimientos que la hagan más ágil en sus respuestas y más eficiente en el gasto público, y tendrá que avanzar en su transformación digital, su profesionalización y su capacidad para capturar y retener el talento.
El documento hace veinte propuestas para alcanzar un nuevo modelo de gobernanza pública capaz de hacer frente a los grandes desafíos de estos tiempos.
Integridad, apertura y rendición de cuentas
Más allá del predicamento del gobierno abierto como modelo para la reforma de la cultura administrativa en el sector público, alcanzar una transparencia real y no burocratizada requiere, según afirma el documento, un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno realmente independiente, bien dotado y con instrumentos coercitivos que hagan efectivas sus resoluciones.
Asimismo, el informe recomienda tomar medidas para promover que los empleados públicos interioricen los principios del gobierno abierto y establecer incentivos para el uso de datos abiertos por parte del sector privado. Por otro lado, la implantación de una infraestructura de integridad pública coordinada entre todas las Administraciones es, de acuerdo con los autores, la base de la estrategia para fortalecer al sector público en su integridad frente a las prácticas corruptas.
“Es crucial para la Administración recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y, para ello, no es solo necesario hacer nuevas leyes sino, sobre todo, diseñar e implementar verdaderas políticas públicas”, ha afirmado Catalá. En este sentido, el informe “pretende ser un documento ágil y útil, con una serie de propuestas y medidas para la transformación del sector público, incorporando la visión de un grupo de expertas y expertos en la materia”, ha añadido Cortés.
Mayor agilidad, calidad y eficiencia
Los ciudadanos demandan servicios públicos eficaces y eficientes que den respuesta a sus necesidades en tiempo, forma y costes razonables. El documento propone un proceso de revisión de procesos burocráticos que replantee trámites, elimine redundancias, prohíba pedir datos sin valor o que ya estén en poder de la Administración y prescinda de controles innecesarios, como medidas para simplificar y dinamizar la gestión pública.
Asimismo, el documento destaca la importancia de controlar el gasto público, haciendo hincapié en la necesidad de profundizar en la evaluación de la calidad del gasto a través de una mayor independencia de los organismos de control externo; extender la transparencia y los incentivos en la ejecución y profesionalizar la compra pública apostando por un procedimiento plenamente digital y una oficina de regulación y supervisión de la contratación pública plenamente operativa.
Transformación digital y apuesta por el talento
Según el informe, avanzar hacia una Administración pública plenamente digital e inteligente es un paso estratégico de cara a la próxima década. En este sentido, los autores destacan la ventanilla única digital como un proyecto fundamental para garantizar el acceso a los servicios digitales de forma sencilla, segura y sin importar territorio o competencias, así como una medida para reforzar los mecanismos de gobernanza estratégica de tecnologías de la información a través de una Agencia Estatal de Servicios Digitales.
Además, plantean la necesidad de una Oficina del Dato Público capaz de diseñar e implantar una estrategia propia para la gestión del big data y de las tecnologías exponenciales, como la inteligencia artificial; así como la automatización tanto en procedimientos como en la atención ciudadana, mediante el uso de robots que permitan simplificar a la vez que preservar las garantías en los procesos.
Junto con la digitalización, en el envejecimiento de las plantillas reside uno de los grandes retos de la Administración, a la vez que una oportunidad para la reconversión del empleo público. La captación y retención del talento tienen incidencia directa en el desempeño de las instituciones. Por eso, los autores abogan por la profesionalización—que no funcionarización—de la dirección pública, sujeta a criterios de mérito y capacidad. En este sentido, el informe señala la necesidad de cambiar el modelo de selección, carrera y retribución en el empleo público, así como de llevar a cabo un plan de relevo generacional de las plantillas que permita redimensionar las estructuras, invertir la pirámide administrativa, refrescar el talento, reubicar recursos, promover la paridad y diversidad en puestos directivos y, en definitiva, renovar la cultura del empleo público.
Catalá ha señalado que “necesitamos una Administración pública para la próxima década que se ponga al servicio de la sociedad, que promueva su calidad democrática, que garantice la seguridad y la aplicación de los marcos normativos, que contribuya a reducir las brechas generacionales y a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía”.
