La transparencia en la administración local: ¿Cómo lo hacen las medianas y pequeñas entidades?

La Administración local española está compuesta principalmente por los municipios, las provincias y las islas. Actualmente el número de entidades registradas como municipios es de 8.117 y aproximadamente el 84% tiene una población inferior a 5.000 habitantes, según los datos del Padrón del Instituto Nacional de Estadística de 2014.

Este tipo de administración local se caracteriza por ser entes de naturaleza territorial, es decir, la acción de gobierno se ejerce en un determinado territorio que en el caso de los ayuntamientos se denomina “término municipal” y, además, se ejerce sobre una población específica -según la Ley de bases de régimen local “el conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio”-.

Otros aspectos destacados de la administración local es su cercanía a los ciudadanos y su alto nivel de interacción con la población.

Sin embargo, las entidades locales municipales presentan un inconveniente y es que no gozan siempre de todos los medios y recursos necesarios cuando deben realizar cambios en su modelo de administración.

En este sentido, la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno estableció una entrada en vigor escalonada para las diferentes categorías de administración recogida en la disposición final novena de la norma: “los órganos de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales dispondrán de un plazo máximo de dos años para adaptarse a las obligaciones contenidas en esta Ley”.

Revista Haz habla con Carlos González Serna, alcalde de Elche y presidente de la RED de Entidades locales por la transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP –Federación Española de Municipios y Provincias, para saber cómo los técnicos y trabajadores de estas entidades están llevando a cabo la transformación dentro de sus organismos para convertirlos en entidades transparentes.

Principales obstáculos para ser transparentes

Desde que la Ley entrara en vigor en diciembre de 2015, las entidades locales medianas y pequeñas comenzaron a implantar en sus organizaciones los deberes para hacer accesible la información pública que les exigía la citada ley.

González Serna explica que algunas entidades tenían medios propios, pero la “gran mayoría” ha aprovechado las soluciones aportadas por otras administraciones públicas como la Administración General del Estado, comunidades autónomas, diputaciones, cabildos y consejos insulares.

En la FEMP se han realizado estudios sobre el grado de implantación de la Ley 19/2013 en las entidades locales que han permitido detectar cuáles son los principales obstáculos con los que se encuentran las entidades pequeñas y medianas. En primer lugar, el presidente de la RED FEMP apunta a la falta de recursos de personal, económicos e informáticos, “especialmente en los municipios de menor población”, ya que cumplir con las labores que conlleva la implantación de las obligaciones de la Ley suele recaer sobre los mismos profesionales que ya realizan otras tareas y obligaciones, lo que implica que asuman una carga de trabajo adicional.

Otro de los obstáculos señalados está relacionado con “la falta de cultura de transparencia” en las organizaciones. Sobre este aspecto, González Serna afirma que: “necesitamos incidir en este aspecto para que la transparencia sea algo asumido por las personas que integran las organizaciones, tanto políticos como técnicos”.

Actualmente, la Ley de transparencia está dentro del temario de las oposiciones para ser empleado público. Sin embargo, la preocupación sobre el conocimiento de la Ley recae sobre los técnicos y empleados que forman parte de la Administración desde mucho antes de la aprobación de la norma.

Sobre este aspecto, González Serna afirma que la formación “es uno de los aspectos fundamentales” y que son muchos los cursos y seminarios que se imparten en esta materia desde todas las Administraciones públicas territoriales.

Por su parte, los órganos de control de transparencia también están realizando un importante esfuerzo, pero según declara el presidente de la RED FEMP “nunca es suficiente”.

Desde la Federación se insiste mucho en este aspecto con el Plan de Formación FEMP anual, que incluye acciones formativas dirigidas específicamente al mundo local, y también desde la formación que ofrecen a través de la propia RED de entidades locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP, ya se imparta solo desde la Federación o en colaboración con el Consejo de transparencia y Buen Gobierno.

Además, la Federación también ha dirigido su labor formativa hacia el ámbito político mediante los cursos específicos para alcaldes y concejales.

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Los datos abiertos marcan la diferencia

En cuanto al grado de implantación de la transparencia en los medianos y pequeños municipios, los estudios realizados por la Federación Española de Municipios y Provincias evidencian según su presidente un mayor acercamiento entre las entidades locales pequeñas y medianas con los grandes municipios en materia de publicidad activa.

Asimismo, los resultados sobre el derecho de acceso a la información pública son muy similares según los niveles de población, mientas que la diferencia existe en materia de datos abiertos. En este aspecto, González Serna explica que entre los grandes y las pequeñas y medianas entidades locales existe una diferencia importante.

En general, la percepción de la FEMP sobre el fomento del conocimiento y la adecuada aplicación de la Ley de transparencia es que se trata de un trabajo a medio plazo y considera que se han hecho “grandes actuaciones”, pero aún quedan cuestiones por abordar.

González Serna explica a Revista Haz que en los diferentes estudios realizados en los últimos años desde distintas perspectivas sobre el tema de la transparencia, se constata que “en muchos casos la sociedad en general tiene un gran desconocimiento de las posibilidades que la transparencia pone a su disposición”, y señala como ejemplos la participación en la toma de decisiones, solicitar la rendición de cuentas a los políticos, colaborar en la gobernanza pública y, en definitiva, “estar inmersos en la gestión del buen gobierno”.

Con el objetivo de que todos los municipios, independientemente del tamaño que tengan, puedan cumplir con las obligaciones de las normas en materia de transparencia, la FEMP está realizando una importante labor de publicaciones sobre materias como el derecho de acceso a la información pública, la seguridad, la protección de datos, los datos abiertos o la integridad en la contratación pública. Estas publicaciones están disponibles y son descargables de manera gratuita a través de su web.

Apoyar el interés del empleado público

Por otra parte, cabe señalar que la formación superior en España ha aumentado su oferta de cursos de experto y especialización en materia de transparencia desde que la Ley entrara en vigor.

En este sentido, Manuel Sánchez de Diego, director del Congreso Internacional de Transparencia, dirige e imparte el máster propio de Transparencia y acceso a la información de la Universidad Complutense de Madrid y comenta a esta revista que los empleados y servidores públicos de entidades locales procedentes de ayuntamientos y diputaciones realizan “un gran esfuerzo personal” para formarse en temas de transparencia y acceso la información pública.

Sobre este aspecto, Sánchez de Diego afirma que en cada edición del Máster de la UCM siempre cuentan con un número de alumnos que son trabajadores de pequeños y medianos ayuntamientos principalmente, quienes afrontan personalmente el pago del máster y utilizan sus días de vacaciones para asistir a la formación presencial del curso, con el fin de conocer mejor los mecanismos establecidos por la Ley de transparencia y poder atender adecuadamente las nuevas tareas asignadas dentro de sus organismos.

Asimismo, el director del máster declara que: “la falta de cultura y de formación en transparencia de los funcionarios y servidores públicos debe ser paliada, no por el esfuerzo personal de ellos mismos que ya realizan, sino con la aportación de los fondos que las entidades públicas y privadas solicitan para la formación continua de sus empleados”.

De este modo, Sánchez de Diego considera que las organizaciones, tanto públicas como privadas, y especialmente de los ayuntamientos y diputaciones provinciales, deberían apoyar e incentivar a sus trabajadores que deseen realizar cursos de especialización y posgrado, como el máster de transparencia y acceso a la información pública.