A propósito de la financiación pública: Iglesia católica y partidos políticos

Desde el año 2007, en que la Iglesia católica comenzó a recibir dinero de la asignación tributaria, hasta el 2017 las cantidades recibidas han promediado unos 250 millones anuales, siendo el año 2007 el más bajo con 242 millones y el 2017 el más alto con 268 millones.
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¿Es mucho? Pues depende con qué se compare. Si se escoge, por ejemplo, el año 2015 en el que la Iglesia recibió 249 millones, se puede confrontar, por ejemplo, con las subvenciones públicas que recibieron los partidos políticos ese mismo año y que ascendieron a 246 millones, sumando las subvenciones de la administración central junto con las de las administraciones locales.

Para valorar ese esfuerzo de financiación ciudadana habría que comparar esas dos cifras con el impacto que genera, por una parte, la Iglesia y, por otra, los partidos políticos. Cada uno es muy libre de sacar sus propias conclusiones, pero hay dos importantes diferencias en las condiciones de financiación que conviene resaltar.

El modelo de financiación pública de la Iglesia se basa en la asignación tributaria en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Los contribuyentes del IRPF pueden optar en su declaración por destinar un porcentaje de su cuota íntegra a colaborar con el sostenimiento económico de la Iglesia católica y a otros fines de interés social. También pueden no ejercer ninguna opción.

En todo caso, sea cual sea su decisión respecto de la asignación tributaria, no se modifica la cuantía final del impuesto que pagan o de la devolución a la que tengan derecho. Es decir, cada contribuyente es libre o no de marcar la X para expresar su voluntad positiva o negativa de sostener las actividades la Iglesia.

La financiación de los partidos políticos, sin embargo, se basa en un sistema de subvenciones públicas en las que el contribuyente no es consultado ni se le ofrece la posibilidad de dar su opinión. Son los propios políticos los que deciden sobre la financiación. Con estas premisas no es de extrañar que la financiación a los partidos políticos no haya parado de crecer.

Si se analizan los datos disponibles sobre las subvenciones públicas otorgadas a los partidos políticos desde su origen (1978) hasta el año 2015, se puede comprobar que estas se han multiplicado por 24 (vid. Gráfico 1).

Otra importante diferencia con el modelo de financiación de la Iglesia católica es que los fondos de la asignación tributaria solo suponen un porcentaje (24%) de la financiación total que recibe la Iglesia.

El cuadro de financiación es muy diferente en el caso de los partidos políticos. Según los datos del Tribunal de Cuentas de junio de 2015, la financiación pública de los partidos políticos suponía el 82,25% del total de financiación.

España es el país de Europa que más financiación pública otorga a las organizaciones políticas: un 88%. Si bien es cierto que la subvención pública es la principal fuente de financiación de los partidos en Europa, con un porcentaje de media del 67% del total de ingresos (vid. Gráfico 2), ningún país supera los porcentajes de España.

Así, no sorprende que el Reino Unido, que posee el sistema parlamentario más antiguo y consolidado, sea el país que menos subvenciones políticas concede a los partidos políticos.

Durante el periodo que va del 2000 al 2010, la financiación varió del 2% al Partido Laborista (en ese momento en el Gobierno) hasta el 51% al Partido Unionista Democrático. En ese mismo periodo, el Partido Conservador, que se encontraba en la oposición, recibió solo un 15% de financiación pública de media. Resulta ilustrativo que, a diferencia de España, en el Reino Unido el partido que menor porcentaje de financiación pública recibe es el que detenta el poder en ese momento. Una prudente práctica que limita los riesgos de aprovecharse del control de los fondos públicos en beneficio propio.

En algunos países, como Holanda o Alemania, la financiación pública a los partidos se ajusta a la base social de apoyo que reciban las organizaciones. En el país germánico, por ejemplo, la financiación pública se distribuye en función de los últimos resultados electorales y de los donativos privados recibidos, que actúan a modo de un fondo de contrapartida (matching fund).

De acuerdo con la legislación alemana, solo un determinado porcentaje de los ingresos de los partidos puede estar financiado con fondos públicos y, en ningún caso, las subvenciones públicas pueden ser superiores a los ingresos privados. Esta regulación ha facilitado que Alemania sea el segundo país en Europa occidental con menor financiación pública a los partidos políticos.

Los riesgos derivados de un grado de dependencia alto de la financiación pública han sido reiteradamente señalados por las autoridades europeas. El propio Comité de Ministros del Consejo de Europa recomendó en el año 2003 que la financiación pública de los partidos políticos se mantuviese siempre en niveles razonables (Cfr. artículo 1 de la Recomendación Rec (2003) 4 del Comité de Ministros de los Estados miembros sobre la regulación contra la corrupción en la financiación de las campañas y los partidos políticos).

La defensa de la subvención pública como principal fuente de ingresos supone aceptar que los partidos políticos forman parte de la estructura del Estado y negar, por el contrario, que son una iniciativa más de la sociedad civil. Como se puede observar, lo que está en juego detrás de esta concepción es muy importante: el papel de la sociedad civil y el control de la actividad política.

En el caso de la Iglesia, no existe ese problema, pues la decisión de financiarla o no se deja en manos de los ciudadanos. Cada año al elaborar su declaración de la renta pueden ‘votar’ a la Iglesia o retirarle su confianza.

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