Lecciones de la COVID-19 para un gobierno transparente
España entró en la fase de ‘nueva normalidad’ a mediados de junio, siendo un escenario diferente en el que los ciudadanos han recuperado algunas de sus libertades perdidas durante el estado de alarma, a cambio de adquirir nuevos hábitos de vida, como convertir la mascarilla en un complemento obligatorio para salir a la calle, evitar el contacto con las personas no convivientes, cambiar el modo de saludar y adaptar el trabajo y la docencia presencial al ámbito digital.
En una encuesta reciente realizada por el Banco de España se muestra que aproximadamente “el 80% de las empresas estudiadas ha aumentado el teletrabajo” para adaptar su actividad a la situación de crisis por la COVID-19.
Por otra parte, los datos sobre la pandemia muestran que el coronavirus sigue muy activo en España con múltiples rebrotes, un hecho que indica que todavía no se ha superado y por lo tanto, no se pueden relajar las medidas de seguridad por parte de la sociedad, ni la capacidad del Gobierno para mantener informada a la ciudadanía sobre la situación de la crisis sanitaria.
Sobre este aspecto, cabe señalar la última polémica de los medios de comunicación y las organizaciones que luchan por la transparencia con el Ejecutivo, debido a las recientes declaraciones del Ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmando que el comité de expertos que les asesoraba en las fases de la desescalada “no existe como tal” y solo se han seguido los criterios técnicos del director general de Salud Pública.
Este hecho destaca especialmente porque en mayo el Gobierno negó dar a conocer el perfil y la identidad de los miembros de dicho comité, alegando que la publicidad sobre el mismo podía entorpecer su actividad, y las organizaciones protransparencia presentaron varias solicitudes de información pública para obtenerla, además de otros datos relacionados con la gestión de la crisis que todavía están pendiente de conseguir.
Ante este escenario, Revista Haz habla con Access Info Europe para conocer cuáles son los aspectos más necesarios y básicos que los gobiernos deben garantizar con respecto a la transparencia y cuáles son las lecciones aprendidas de la actual crisis sobre derecho de acceso a la información pública.
La transparencia debe ser un derecho fundamental
Desde la organización consideran que España es un país con una cultura de transparencia “muy reciente”, por lo que resulta imprescindible reforzar y garantizar el acceso a la información pública como derecho fundamental, especialmente en situaciones extraordinarias donde los ciudadanos precisan información útil y eficaz para evitar poner vidas en riego.
Paula Domínguez, responsable de comunicación de Access Info, explica que el coronavirus está poniendo a prueba la capacidad de los gobiernos para asegurar que los ciudadanos ejerzan el derecho de acceso a la información y hace especial mención a que este es un derecho “esencial en democracia”.
“Los gobiernos y las instituciones deben respetar más que nunca el derecho de acceso a la información de los ciudadanos”. Paula Domínguez
Asimismo, Domínguez afirma que “los gobiernos y las instituciones deben respetar más que nunca el derecho de acceso a la información de los ciudadanos” y considera que el Ejecutivo de España tiene que hacer un esfuerzo mayor del realizado hasta ahora en cuestiones de transparencia y evitar dar “un paso atrás” en esta materia, especialmente en tiempos de emergencia, puesto que este principio permite luchar contra la pandemia y garantizar derechos fundamentales como la “salud y la vida”.
Comunicación dirigida a la rendición de cuentas
Con respecto a la comunicación del Gobierno sobre la evolución de la pandemia, la organización protransparencia considera que es “normal” que las ruedas de prensa se multiplicasen al inicio de la crisis y, sobre todo, con la declaración del estado de alarma.
Sin embargo, Domínguez asegura que comparecer públicamente “no basta” para informar a los ciudadanos sobre lo que acontece y el Gobierno debe complementar las ruedas de prensa con otras formas de comunicación efectiva relativa a la transparencia, como por ejemplo la publicidad proactiva de sus actuaciones y el mantenimiento de un soporte digital con todas las informaciones relacionadas con la pandemia.
Por otra parte, la representante de Access Info comenta que “echan en falta” informaciones importantes como los informes y actas emitidos por el Comité Científico-Técnico o del director de Salud Pública, puesto que los ciudadanos necesitan y tienen el derecho a saber en qué se basan los políticos para tomar sus decisiones. “En Access Info creemos que estos documentos se deberían hacer públicos de forma proactiva y a la mayor brevedad posible”, afirma a Revista Haz.
Centralizar la información y desagregar los datos
Otro tema importante es el modo de publicar la gran cantidad de contenidos y datos que genera la situación de crisis, para que la ciudadanía pueda asimilarla y comprenderla adecuadamente.
En este sentido, Domínguez considera que se debería centralizar toda la información sobre la pandemia y su gestión en un único portal web, de manera que se permita la rendición de cuentas en todos los ámbitos afectados por el coronavirus: sanitario, legal, laboral, económico, científico, presupuestario y medioambiental.
“Esta es precisamente una de las peticiones que hemos hecho al Gobierno junto a más de 30 organizaciones de la Coalición Pro Acceso, pues es vital que se publiquen todas las informaciones relacionadas con su gestión”, explica la responsable de comunicación y aclara que España es un país muy descentralizado, por lo que se hace necesario que la información sea publicada con la mayor desagregación territorial posible, de manera que esté desglosada por los distintos niveles de administración -central, autonómico y local-, y también por niveles de población como los barrios.
Sobre este aspecto, desde la organización afirman que “se han cometido errores” al realizar el recuento dentro y fuera de España, debido a la rapidez con la que llegó la pandemia y el elevado ritmo de contagios, aunque las autoridades españolas han sido “claras” explicando las limitaciones de los datos ofrecidos.
“España necesita mejorar mucho sus sistemas de recopilación de datos y hacerlos más digitales”, con el fin de poder disponer de cifras de manera más inmediata y desagregada.
Por este motivo, Domínguez afirma que España “necesita mejorar mucho sus sistemas de recopilación de datos” y hacerlos más digitales, con el fin de poder disponer de cifras de manera más inmediata y desagregada. Asimismo, considera que también sería “importante” establecer estándares para la medición del alcance de la pandemia y que cada país los siga, aplicándose del mismo modo a los niveles subnacionales de la administración pública.
Las fake news se combaten con transparencia
Otro de los aspectos más controvertidos en la gestión de la crisis, ha sido la proliferación de los bulos con respecto a la pandemia y los intentos del Gobierno para controlarlos. Access Info explica que este tipo de situaciones suelen generar numerosos problemas pero “la falta de transparencia nunca debe ser uno de ellos”.
Las fake news y las campañas de desinformación son hechos que preocupan en todos los países, puesto que se ha demostrado que tiene un enorme poder de influencia sobre los ciudadanos y los acontecimientos políticos. En este aspecto, desde la organización consideran “positivo” que el Gobierno haga esfuerzos en la detección de “ciberbulos”, pero señala que “es imprescindible” que también lo haga en transparencia.
De este modo, la responsable de comunicación afirma que “la manera de acabar con las especulaciones entre los ciudadanos es apostando por la transparencia y la información clara y precisa”. Por ello, Domínguez indica que el Gobierno debe procesar con rapidez las solicitudes presentadas antes, durante y después del estado de alarma, ya que “sin acceso a la información, proliferan los bulos, peligran la salud pública y la salud democrática”, aumentando la desconfianza de la sociedad hacia sus instituciones.
Los ‘bug’ de la transparencia en España
Access Info considera que hay algunos temas pendientes y que a raíz de los efectos que ha traído consigo la pandemia esperan que se produzcan cambios en esta materia, como es el fortalecimiento del Consejo de Transparencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso.
En este sentido, Domínguez comenta que hay que fijarse en aquellos países que ya reconocen el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental y que, como resultado, tienen unos órganos con “capacidad real” para garantizar que la ciudadanía ejerza este derecho.
Este es el caso de Argentina y Chile, donde se han mantenido los plazos de respuesta a las solicitudes de información, después de que sus respectivos gobiernos suspendieran los plazos administrativos, mientras que en España “esto no ha sido posible”.
“Necesitamos que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tenga capacidad de supervisión y sanción cuando los organismos no cumplen con sus obligaciones de transparencia”, asegura Domínguez.
El otro aspecto señalado por la organización protransparencia es que se debe “intensificar” la protección sobre los denunciantes de irregularidades dentro de la Administración pública para que deje de ser una acción “arriesgada”.
Domínguez explica que España debe trasponer a su legislación la Directiva de la Unión Europea relativa a la Protección de los Alertadores “cuanto antes”, como el resto de estados miembros de la Unión Europea, y sobre todo porque puede “salvar vidas”.