Las cinco reformas que España necesita para avanzar en transparencia y buen gobierno

El día internacional del Derecho a Saber, celebrado el 28 de septiembre, es una iniciativa de las Naciones Unidas para fomentar el derecho de acceso a la información pública con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas y el buen gobierno dentro de las administraciones públicas.
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Desde 2016, el Congreso Internacional de Transparencia se celebra en dicha fecha y se ha convertido en el referente para expertos, profesionales y responsables públicos del sector, permitiendo que cada año se realice una radiografía sobre el estado y la evolución de la transparencia en España.

En la última edición –V CIT-, el Gobierno español realizó importantes anuncios con respecto al cumplimiento de sus compromisos para garantizar e impulsar el derecho de acceso a la información pública en la sociedad española, a través de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que fue la encargada de inaugurar el Congreso, junto con el recto de la UNED, Ricardo Mairal, y el director del CIT, Manuel Sánchez de Diego.

Después de cuatro días de intenso debate y puesta en común de estudios, prácticas y experiencias, tanto en España como en Latinoamérica, el impulso de la cultura de la transparencia en la sociedad española precisa mejorar la regulación del derecho de acceso, dar más apoyo institucional a los órganos garantes de la transparencia y fomentar el diálogo entre administraciones públicas y ciudadanía.

1. La necesidad de reformar la Ley de Transparencia

Uno de los temas más aludidos durante el Congreso Internacional de Transparencia ha sido la necesaria reforma de la regulación del derecho de acceso a la información pública en España. Sobre este aspecto, la ministra Darias anunció que se llevaría a cabo la reforma de la Ley 19/2013 y, además, el Ejecutivo está a punto de ratificar la adhesión al Convenio Europeo para reconocer el derecho de acceso a los documentos públicos.

Por otra parte, la Coalición Pro Acceso presentó su Declaración donde solicita al Gobierno español fortalecer el derecho de acceso para que se encuentre en “línea con los estándares internacionales”, de manera que este derecho sea reconocido como fundamental y se pongan medios para facilitar las solicitudes de los ciudadanos.

En este sentido, cabe señalar que la mayoría de los expertos están de acuerdo en el carácter fundamental del derecho de acceso dentro de los estados democráticos y, por este motivo, todas las normas que lo regulan deberían ir “al mismo compás”, de manera que los proyectos de reforma de la Ley y la aprobación del reglamento que desarrolla la misma, deben estar coordinados para evitar desequilibrios en la aplicación de las normas.

Por su parte, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno también indicó que la principal deficiencia de la actual Ley es la aplicación de las causas de inadmisión y el incumplimiento de las resoluciones de los órganos garantes por parte de los sujetos obligados. Por este motivo, solicita al Ejecutivo español que tengan en cuenta las propuestas de la Red de Consejos y Comisionados de Transparencia de España para modificar la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.


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2. Mayor apoyo a los órganos garantes de la transparencia

Durante el CIT, el Gobierno hizo público el nombramiento de José Luis Rodríguez Álvarez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y delegado de Protección de Datos de la UCM, como candidato a la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Un anuncio muy esperado, ya que la última presidenta, Esther Arizmendi, falleció en noviembre de 2017 y desde entonces el puesto está vacante.

Asimismo, la Red de Consejos y Comisionados mostraba su preocupación por la falta de poderes y medios para ejercer su labor a través de la Declaración 2020 que leyeron en la jornada de clausura del CIT. En este documento, los órganos garantes demandan a los poderes públicos y representantes políticos “de todos los grupos” más medios, materiales y formarles, para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y tener capacidad para sancionar a aquellas instituciones que no las cumplen.

En este sentido, las demandas más destacadas de la Declaración son la regulación de las infracciones por incumplimiento de las resoluciones de los consejos y comisionados; establecer el correspondiente régimen sancionador basado en la figura legal de las multas coercitivas; la creación de un registro estatal de intereses y lobby, así como la introducción de un trámite de mediación de los órganos garantes entre las Administraciones Públicas y los demandantes de información para resolver los conflictos.

3. Protección al denunciante de la corrupción

Una de las principales características de la transparencia es su capacidad de “antídoto” contra la corrupción. Sin embargo, esta capacidad no es absoluta, como mencionó el director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, quien afirmó que el avance que hace España “no es suficiente”, debido a que la corrupción es un delito “muy opaco” que solo puede conocerse a través de la denuncia y, en muchas ocasiones, los testigos de fraude o irregularidades no lo hacen por desconocimiento de los cauces y por el miedo a las represalias. 

Sobre este aspecto, Llinares destacó la experiencia de la agencia valenciana para prevenir y luchar contra la corrupción dentro de su administración y fomentar las buenas prácticas, para lo cual considera imprescindible asistir legalmente a los funcionarios denunciantes o testigos de casos de corrupción dentro de las administraciones.

En la actualidad, la agencia dirigida por Llinares tiene protegidos a 21 personas, siendo el principal problema las represalias que sufren, motivo por el cual, el director considera un gran avance la trasposición de la directiva europea de protección del denunciante de corrupción porque supone un “refuerzo” a nivel estatal a la labor que vienen desempeñando en su ámbito regional.

Otro de los retos pendientes es la falta de conocimiento y formación sobre los mecanismos que establece la Ley de transparencia para solicitar información pública, especialmente por parte de los periodistas.

4. Fomentar el conocimiento sobre el derecho de acceso

Otro de los retos pendientes que se ha detectado durante las jornadas del CIT es la falta de conocimiento y formación sobre los mecanismos que establece la Ley de transparencia para solicitar información pública, especialmente por parte de los periodistas.

Virginia Pérez Alonso, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de la Información –PDLI-, explicó durante su intervención que existen “muchos” obstáculos legales y carencias para la transparencia, siendo la más destacada la que afecta a los periodistas.

Esta carencia de los profesionales de la información es la falta de conocimiento acerca del procedimiento para acceder a la información pública y la inexistencia de unidades especializadas dentro de los medios de comunicación dedicadas a elaborar contenidos informativos con datos públicos.

Pérez Alonso afirmó que dos tercios de los periodistas no consideran la ley como una herramienta para conseguir información, debido al retraso en otorgar la información y la necesidad de recurrir ante el Consejo de Transparencia para obtenerla.

Por otra parte, los expertos reunidos en el CIT reconocieron que la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la covid-19 había demostrado la importancia de dar información pública relevante de manera regular y confiable, por lo que la asignatura pendiente de la formación en transparencia afecta también a una parte importante de los sujetos obligados de la ley, que deben mejorar el trato con los ciudadanos solicitantes de información.

5. Más participación ciudadana

Por último, el avance de la cultura de la transparencia en España requiere fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas. Cabe señalar que la ministra Darias destacó la apuesta de su Gobierno por el diálogo permanente entre la sociedad y la Administración General del Estado y, como muestra de ello, anunció la publicación del borrador del IV Plan de Gobierno Abierto para su consulta pública.

Hasta finales de octubre, a través del Portal de Transparencia estatal, cualquier ciudadano puede consultar y realizar aportaciones al nuevo plan de Gobierno Abierto. Este borrador, que fue presentado en el CIT por la directora general de Gobernanza Pública, María Pía Junquera, contiene los compromisos anunciados por el Ministerio de Función Pública y, además, la implantación de la huella normativa, la puesta en marcha de laboratorios de innovación y participación ciudadana, así como el establecimiento de los sistemas preventivos de integridad, la regulación de los lobbies y la protección de denunciantes.

Durante la presentación del Plan, Junquera destacó que la elaboración del propio borrador había teniendo en cuenta el interés general y la maximización de la transparencia, siendo fruto del proceso participativo de la Comisión Permanente del Foro de Gobierno Abierto.

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