Transparencia y buenas prácticas contra la desinformación sin censura previa

En un sistema democrático la información es un bien común, necesario y fundamental para el buen funcionamiento de sus instituciones. Por este motivo, se encuentra dentro del título de los Derechos y deberes fundamentales de la Constitución española -artículo 20- que reconoce y protege el derecho a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”.
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En tiempo de crisis estar bien informado es más necesario e importante si cabe, puesto que las acciones tanto individuales como colectivas, repercuten directamente en la seguridad y bienestar del conjunto de la sociedad, especialmente en un contexto de pandemia como el actual.

Los medios de comunicación juegan un papel esencial en el derecho a la información, pues son responsables de garantizar su ejercicio. La covid-19 también ha supuesto un reto para informar adecuadamente, cometiéndose graves errores, como los revelado por el periodista y escritor Pedro Lechuga Mallo en su libro Covid-19-periodistas donde analiza cómo profesionales y medios de comunicación de 19 países han tratado la crisis sanitaria.

Entre sus afirmaciones destaca que “en el inicio de la pandemia en la mayoría de los países los periodistas transmitieron el discurso de las fuentes oficiales y no verificaron ni contrastaron las informaciones oficiales”.

Uno de los hechos que evidencia el libro de Lechuga Mallo es que se ha confundido el periodismo de rigor y responsable con creer y transmitir lo que “dijeran las autoridades políticas y sanitarias sin cuestionarlo”, olvidando que el periodismo debe contrastar y verificar la información de las fuentes, sobre todo si se trata de fuentes oficiales, ya que suelen difundir datos que benefician a la institución que representan.

En el recién publicado informe Primera plana 2019 de la Fundación Compromiso y Transparencia, que analiza la  transparencia y buen gobierno sobre independencia y credibilidad editorial de los grupos de comunicación, se concluye que ninguna de las empresas analizadas ha obtenido la calificación de transparente, al desarrollar y comunicar sus prácticas y políticas para proteger la credibilidad e independencia editorial, pues están todavía “lejos de cumplir las prácticas de transparencia y buen gobierno mínimas”.

La desinformación y las noticias falsas han sido otra de las grandes preocupaciones de los gobiernos y responsables públicos en la gestión de la crisis sanitaria.

Por este motivo, el Gobierno español aprobó en noviembre la Orden PCM/1030/2020 del Ministerio de la Presidencia, por la que establece el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, siendo bastante criticada por establecer una Comisión Permanente contra la desinformación para “asistir” a otros organismos sobre la valoración técnica y operativa de posibles campañas de desinformación.

Ante esta situación, donde la información es un bien común necesario y demandado, mientras que los responsables públicos y medios de comunicación atraviesan una crisis de credibilidad por los errores cometidos durante la pandemia – en la encuesta del CIS de Octubre de 2020 sobre Efectos y consecuencias del coronavirus (I), los españoles consideran que el Gobierno central (59%) y los medios de comunicación social (47%) son las principales instituciones y organizaciones que “han empeorado” a lo largo de la crisis del coronavirus-, cabría plantear medidas contra la desinformación que no implicaran más restricciones y controles a las libertades públicas.

Compromiso Empresarial habla con María Isabel Serrano Maíllo, profesora titular de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, para saber si la transparencia y el derecho de acceso a la información pública podrían ser las medidas más eficaces y beneficiosas para luchar contra los males de la infodemia, desinformación y fake news sin establecer controles previos a las libertades informativas.

“No sería adecuado” que las plataformas pudieran eliminar contenidos, ya que en la lucha contra la desinformación las medidas que se adopten no deberían ir contra la libertad de información.

Transparencia y buenas prácticas contra la desinformación

La Comisión Europea comenzó a luchar contra la desinformación en 2018 con la publicación de la Comunicación sobre la lucha contra la desinformación en línea, COM (2018) 236, donde establece como una de las medidas la adopción de un código de buenas prácticas basado en la transparencia los grupos mediáticos y las plataformas de contenidos.

Según Serrano Maíllo estos códigos pueden considerarse una “buena medida”, siempre y cuando se encuentren en el ámbito del tipo técnico, es decir, que las acciones consistan en verificar datos, dar más visibilidad a los contenidos verificados, marcar mensajes sospechosos, cerrar cuentas falsas, etc. “Todas pueden ser esenciales y efectivas, si las grandes empresas online mantienen su compromiso con las buenas prácticas”, afirma la experta.

Sin embargo, “no sería adecuado” que las plataformas pudieran eliminar contenidos, ya que en la lucha contra la desinformación las medidas que se adopten no deberían ir contra la libertad de información, siendo este el principal problema que presenta la Orden del Gobierno, según la profesora Serrano Maíllo, pues desde su punto de vista se deja todo control y decisión en manos de personas no solo afines al Gobierno, sino dependientes de él.

En este sentido, la experta consultada señala que la comunicación de la Comisión Europa contra la desinformación se refiere especialmente a la labor de los medios de comunicación independientes en colaboración con las grandes plataformas y la sociedad civil, además de los organismos nacionales responsables de velar por la seguridad nacional.

Por su parte, la Orden del Ministerio de la Presidencia española pretende dejar todo el control en órganos o personas dependientes del Gobierno y, aunque se menciona a los medios y a la sociedad civil, no hay una obligación expresa de consultarles o contar con ellos, por lo que se facilita su exclusión.

Según advierte Serrano Maíllo, este hecho muestra que el “espíritu” de la orden española no responde al de la comunicación europea, y afirma que “la exigencia de transparencia, en realidad debería ir más allá de un mero compromiso y debe ser una obligación jurídica para todos”.

Educación mediática y digital

La medida “realmente efectiva” contra la desinformación, según la experta consultada, es la “alfabetización mediática” de los ciudadanos. El inconveniente de esta solución es que es “a muy largo plazo” y requiere un compromiso de todos los actores políticos y sociales.

En un futuro más cercano, Serrano Maíllo considera esencial establecer mecanismos que garanticen medios de comunicación independientes, lo cual pasa por “un control y una transparencia absolutas” respecto de las subvenciones a los medios y el reparto de la publicidad institucional.

Serrano Maíllo considera esencial establecer mecanismos que garanticen medios de comunicación independientes, lo cual pasa por “un control y una transparencia absolutas” respecto de las subvenciones a los medios y el reparto de la publicidad institucional.

Gracias al derecho a la información que establece la Constitución Española, los ciudadanos tienen derecho a investigar y a saber y, además, con la aprobación de la Ley de Transparencia de 2013, los poderes públicos están obligados legalmente a ser transparentes.

Sin embargo, la profesora de la UCM considera que para luchar contra la desinformación “no es suficiente” con tener acceso a los datos, ya que es necesario “contextualizarlos e interpretarlos”.

Por este motivo, destaca la importancia de “contar con medios de comunicación independientes” que ejerzan sus funciones de control: “Deben ser los profesionales de la información los que abanderen la lucha contra la desinformación en colaboración con la sociedad civil y no los políticos ni los gobiernos”.

El mejor ejemplo de este tipo de liderazgo por parte de los medios han sido las actuaciones que han llevado a cabo determinadas organizaciones y empresas periodísticas dedicadas al fact checking durante la pandemia, aunque Serrano Maíllo apunta que siempre se debe garantizar la independencia y neutralidad de las empresas y organizaciones informadoras.

¿Y si el Gobierno desinforma?

Cualquier intento “sea el que sea” de vigilar y controlar la información por parte de órganos dependientes del Gobierno “atentaría, por definición, contra la libertad de información” según explica Serrano Maíllo.

Este es el principal problema que detecta la profesora de la UCM en la orden ministerial, ya que implica que sea el Gobierno quien determine qué información es falsa o verdadera. De este modo, se anularía la capacidad de control de los medios sobre el Gobierno, dado que podría considerar como desinformación aquellas informaciones que les perjudicaran o fueran “molestas”.

Si todo el poder recae en manos de personas dependientes del Gobierno, “¿cómo se controlaría la desinformación que es generada por el propio Gobierno?”, plantea la experta.

De hecho, la desconfianza que se propagó hacia las fuentes gubernamentales durante el estado de alarma estuvo relacionada con las actuaciones de las propias fuentes al publicar informaciones contradictorias, datos erróneos -que daban una visión distorsionada de la realidad- y dar ruedas de prensa sin posibilidad de realizar preguntas en directo.

Sobre este aspecto, Serrano Maíllo señala que la comunicación de la Comisión Europea también advierte sobre la desinformación procedente de este extremo y afirma que “no podemos permitir recortes sobre las libertades informativas, dado que son esenciales para la democracia”.

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