Fondos Next Generation: el principal riesgo país

El gran pecado de las sociedades democráticas es pensar que los principios y presupuestos que las sustentan, una vez alcanzados, son permanentes y por delante solo nos espera un futuro glorioso. De acuerdo con esa creencia no hay marcha atrás, solo se puede ir hacia adelante. Es probable que los acontecimientos de los últimos días de la presidencia de Trump nos hayan despertado de ese sueño infantil de progreso ilimitado.
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<p>Fotograma: 'Bienvenido Mr. Marshall'.</p>

Fotograma: 'Bienvenido Mr. Marshall'.

El riesgo del retroceso democrático es muy real. La libertad es un principio muy inestable que está permanentemente en juego. Para conservarla solo existe un camino: ejercitarla cada día.

El peligro de perder la libertad no procede principalmente del riesgo de deriva hacia una tiranía o un régimen totalitario, aunque esa alternativa no conviene descartarla nunca, sino de la progresiva desaparición de la acción colectiva que procede, fundamentalmente, de las organizaciones de la sociedad civil.

En esta situación, el ciudadano responsable desaparece, no juega ya ningún papel y se convierte en un simple espectador o, incluso peor, en un mero receptor de las ayudas otorgadas por un estado burocrático o por una élite de elegidos que le proveen de los bienes necesarios para que pueda llevar una vida placentera.

Probablemente nada ejemplifique mejor el fenómeno de la ausencia de la acción colectiva que la pasividad generalizada de nuestra sociedad ante las irregularidades, opacidad y falta de debate público en relación con el mecanismo de reparto de ayudas de los fondos Next Generation para luchar contra la crisis de la covid-19.

Presenciamos atónitos uno de los atropellos más escandalosos de nuestra joven y débil democracia sin que nadie levante la voz: de manera premeditada y silente se están desmantelando todos los mecanismos de control en la gestión de los fondos públicos para escapar a cualquier tipo de supervisión y rendición de cuentas a la sociedad.

La pasada semana, sin ir más lejos, asistimos a la aprobación en el Congreso por un escasísimo margen del Decreto Ley que va a regular el mayor desembolso de fondos en la historia de nuestro país. Que esa disposición suscitase tan poco consenso y fuese aprobado con la abstención de un partido (Vox) que horas antes calificaba la norma como “el intento de crear la mayor red clientelar de nuestra historia”, nos da una idea de las complicidades e intereses que hay en juego.

La concepción del poder que tienen nuestros gobernantes no contempla entre sus ingredientes ningún tipo de contrapesos. Los burdos intentos de controlar el Poder Judicial y silenciar al Consejo de Estado deberían habernos despertado de nuestra ensoñación ante un gobierno que no concibe más límites en su actuación que los que puedan desprenderse de su falta de imaginación. Su exclusivo objetivo es la lucha por ocupar cuantos más espacios mejor. No existen proyectos compartidos sino simplemente dinero y poder para repartirse.   

Y, ciertamente, los fondos Next Generation ofrecen muchas oportunidades para el reparto. También para compartir, pero eso no interesa. Nuestros gobernantes son conscientes de que quien controla los fondos tiene en su mano el argumento más convincente para conseguir cualquier objetivo político.

Toma el dinero y corre

La urgencia por obtener los fondos europeos provocó la aprobación el penúltimo día del año de un Real Decreto que reguló las condiciones y principios para poder acceder a esos fondos.

En pocas ocasiones una disposición legal ha provocado un rechazo tan generalizado y unánime como este Real Decreto. Las críticas proceden de todos los estamentos de la administración pública responsables del control de fondos públicos: administración general, autonómica y local.

El relato que, con indiscutible éxito, nos ha vendido el Gobierno es que es necesario agilizar y modernizar las actuales barreras legales y controles para poder ‘absorber’ los fondos europeos, habida cuenta de que España es uno de los países europeos que menos fondos ejecuta y de que nos enfrentamos a una crisis sin precedentes.

Es cierto que España es uno de los países que menos fondos absorbe de la Unión Europa, pero también, y esto no se dice, es el que más irregularidades comete en su gestión.

En un reciente webinar, organizado por la Universidad de Deusto sobre contratación, control y conflictos de intereses en la gestión de los fondos europeos, algunos de los expertos invitados cuestionaban la ‘validez’ de este relato.

Para Pilar Jiménez, subdirectora adjunta a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas de España y experta en contratación pública, se trata de un argumento capcioso: “Es cierto que España es uno de los países que menos fondos absorbe de la Unión Europa, pero también, y esto no se dice, es el que más irregularidades comete en su gestión según la oficina de lucha contra el fraude”.

En efecto, España fue el estado miembro de la UE en el que se detectaron más irregularidades en el manejo de los fondos europeos agrícolas y estructurales en los últimos cuatro años, el 22,7% del total de casos de la Unión, según el informe anual publicado por la Oficina Antifraude Europea (OLAF). En concreto, la agencia detectó 11.029 irregularidades en España relacionadas con la gestión de los fondos de Cohesión y de la Política Agrícola Común (PAC) entre los años 2015 y 2019.

Para la subdirectora adjunta de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, el Real Decreto 36/20, que se intenta presentar como una innovación sin precedentes en la historia de nuestro derecho administrativo, tiene poco de novedoso: “La música del Real Decreto –comenta la funcionaria del Tribunal de Cuentas- aunque se quiere presentar como una novedad tiene muy poco de original. La mayoría de las supuestas novedades -reacción de agencias estatales, reactivación de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas (Aeval), un nuevo estatuto del empleado público para seleccionar a los mejores, impulsar la administración electrónica, simplificar las estructuras, modernización, etc.-, en realidad, ya se planteó en el llamado Plan E impulsado por Zapatero en noviembre de 2008 para hacer frente a la crisis económica originada tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera en 2007”.

Conviene recordar, ante la altísima probabilidad de que los errores se repitan, que las principales conclusiones del Tribunal de Cuentas tras fiscalizar el Plan E fueron que faltó control, apenas frenó el paro y se destinó a obras inexistentes. El Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, conocido como Plan E de Zapatero para reactivar la economía durante la crisis, presentó unas pérdidas globales de 7.836 millones, según el Tribunal de Cuentas, que detectó numerosas irregularidades en su aplicación.

“Entre otras deficiencias e irregularidades –detalla Jiménez-, se detectaron cuestiones como la falta de justificación de la necesidad de ciertas inversiones, la falta de justificación en la selección de los proyectos, carencia de rigor en las fases de adjudicación y preparación, ausencia de concreción en los criterios de adjudicación, falta de justificación en la inversión de los fondos, no devolución de los fondos no ejecutados, entre otros asuntos”.

Javier Serrano Chamizo, asesor jurídico del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad de Deusto, coincide plenamente con el diagnóstico y la valoración de Jiménez.

“Los que vamos teniendo cierta edad –comenta Serrano Chamizo- tenemos la sospecha de que el Ministerio de Hacienda, cada vez que se hace una reforma de la Ley de contratos públicos, tiene dos exposiciones de motivos de leyes que viene usando desde los últimos cincuenta años. El primer modelo está basado en la premisa ‘vamos a hacer una reforma para aumentar la agilidad sin menoscabo de la legalidad’ y, el segundo, ‘vamos a hacer una reforma para aumentar la legalidad sin menoscabo de la agilidad’. Parece lo mismo, pero no lo es. Ahora toca el primer modelo porque hay que trincar o, como se dice ahora, absorber los fondos de la manera más rápida”.

El Real Decreto, en opinión de los expertos, constituye un ejemplo de indefinición y falta de seguridad jurídica con el consiguiente abono para actuaciones discrecionales y arbitrarias.

El Real Decreto, en opinión de los dos expertos, constituye un ejemplo de indefinición y falta de seguridad jurídica con el consiguiente abono para actuaciones discrecionales y arbitrarias.

En realidad, según Javier Serrano, “ni siquiera se puede hablar de un Decreto Ley. Su naturaleza no pasa de una mera ordenanza o circular. Hay artículos que se denominan artículos pero que carecen de esa naturaleza porque se desconoce que conductas prescriben y cuales prohíben”.

Además, añade Jiménez, es constante la “utilización de conceptos jurídicos indeterminados que provocan una enorme discrecionalidad/arbitrariedad; circunstancia muy grave cuando se están gestionando recursos públicos. ¿Qué es un PERTE? El elemento estrella del decreto que se define como aquellos proyectos con una gran capacidad de arrastre. ¿Quién define esa capacidad de arrastre? Porque es el elemento clave para seleccionar los proyectos”.

Eso sí, señala Jimenez, “todo el decreto está lleno de palabras grandilocuentes pero vacías de contenido, como ‘cohesión económico social’, ‘recuperación del tejido productivo’, ‘transformación ecológica y digital’”.

No sin cierta ironía, observa Serrano, “llama la atención la insistencia en recordar los criterios de inclusión, género e innovación a la hora de valorar y seleccionar los proyectos, y la omisión de otros criterios que son esenciales en la contratación pública como es el precio, la calidad o la libre competencia”.

Sin luz y sin taquígrafos

Probablemente, la valoración más lúcida de lo que supone esta bomba de relojería la haya acuñado María Carmen Aparisi, interventora en el Ayuntamiento de Torrent, en su excelente artículo que titula Una intervención intervenida.  

Para la interventora de Torrent “el gran error descansa en la creencia de que la eliminación o reducción de los trámites para agilizar la gestión no se vea compensada con los controles adecuados, sino, al contrario, con una supresión de los mismos”.

El mensaje es muy claro: “Se trata –aclara Aparisi- de educar a la sociedad y a sus gobernantes que los controles son la mejor forma de garantizar que los fondos lleguen al destino previsto, pues en definitiva lo que más interesa es que se justifiquen debidamente ante la UE y no se tenga que reintegran ninguna cantidad. El control interno es y debe seguir siendo la garantía de los ciudadanos y de los poderes públicos en la gestión eficaz de los fondos públicos para que el destino de los mismos se ajuste a los principios de buena gestión financiera. Pues a mayor control menos riesgo de fraude y, por tanto, menos posibilidades de un uso inadecuado de los fondos públicos”.

La  ausencia de controles internos conlleva un riesgo muy grande de que la Unión Europea aplique las correcciones financieras y termine reclamando los fondos como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

“No olvidemos –apunta Aparisi- que el AVE Madrid-Barcelona tuvo un sobrecoste del 31%, y los 30 millones de euros que España podría devolver al no cumplir con las indicaciones de la normativa comunitaria”. Que esta y otras experiencias nos sirvan para mejorar la eficiencia de la gestión pública.

La ausencia de controles internos conlleva un riesgo muy grande de que la Unión Europea aplique las correcciones financieras y termine reclamando los fondos como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Moncloa promueve el clientelismo en la contratación pública  

No es necesario ser muy perspicaz para deducir que la eliminación de los mecanismos de control y rendición de cuentas en realidad lo que persigue es que las decisiones sobre los fondos sean tomadas en una mesa camilla y en beneficio de unos pocos.

Teniendo esto en cuenta no puede sorprender que la redacción del Decreto se cocinase entre la oficina del gabinete del Gobierno, la CEOE y el asesoramiento de PwC, al que se sumarían posteriormente Deloitte, KPMG, E&Y y los tres grandes despachos de abogados: Garrigues, Cuatrecasas y Uria.

En favor de la patronal hay que decir que no ocultó su propósito a la hora de declarar que el objetivo que perseguía el Real Decreto era únicamente acelerar los desembolsos. Para la CEOE y su grupo de expertos, el correcto uso de los mismos era una cuestión secundaria. Por esa razón no tuvo ningún rubor en bautizar su propuesta de Real Decreto como Ley de agilización de la distribución de los fondos europeos Next Generation EU.

Generar un estado de opinión que persuada de la urgencia de los desembolsos no es algo que surja por generación espontánea. Por esa razón PwC, a finales del pasado año, se apresuró a ‘cocinar’ una encuesta en la que adelantándose un par de meses a los acontecimientos, anunció que el 44,2% de los directivos y expertos “creía necesario la creación de un grupo de trabajo por la presidencia del Gobierno”.

Por supuesto, nunca desvelaron quiénes eran esos “supuestos directivos y empresas” ni tampoco que entre ese grupo de expertos deberían figurar, ¡faltaría más!, las Big Four. Pero lo más cómico es que a la hora de comunicar la respuesta a la pregunta sobre si “sería necesario crear un grupo de trabajo coordinado por la presidencia de Gobierno que preparará proyectos en estrecha colaboración con las empresas y la administración pública” destacaron que el 42,2% lo veía necesario y no que ¡el 57,8% manifestaba serias dudas!

Que el ‘grupo de expertos’ haya dado a luz un Real Decreto que hace aguas por todas partes no es noticia. Lo que sigue siendo admirable es el grado de sofisticación que han desarrollado estas consultoras para ocultar a la opinión pública sus continuos conflictos de intereses.

Nadie parece escandalizarse de que ellas diseñen las reglas del juego, fichen a los jugadores y, por supuesto, cobren la entrada al estadio. Nadie, salvo los funcionarios públicos con muchos años de ejercicio a su espalda que, pese a estar curados de espantos, no han perdido su capacidad de sorpresa.

Nadie parece escandalizarse de que las ‘Big Four’ diseñen las reglas del juego, fichen a los jugadores y, por supuesto, cobren la entrada al estadio.

“En relación con los conflictos de intereses hay temas que causan mucha inquietud como el hecho de que al gobierno no se le ha ocurrido otra cosa que cocinar este decreto con las cuatro o cinco grandes consultoras. ¿Por qué esas y no otras?” –se pregunta con cierta ironía Javier Serrano.

De poco sirve que el Consejo de la OCDE haya aprobado una serie de Recomendaciones para combatir la colusión en la contratación pública en las que aconseja, entre otras cuestiones, maximizar el número de oferentes, minimizar la comunicación entre los participantes y reforzar la formación de los funcionarios en las áreas de control y la lucha contra los comportamientos colusorios.

Por el contrario, lo que interesa es reducir al máximo el número de jugadores con el argumento de la urgencia en la obtención de los fondos. El relato ha calado tan a fondo que han conseguido sumar en su apoyo a otras entidades.

Tan solo la semana pasada Deloitte y el Banco de Santander organizaban una jornada que tuvo como artista invitado a Manuel de la Rocha, secretario General de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno y principal responsable de la gestión de los fondos, a la que el diario El Confidencial no dudó en dar su apoyo, cobertura y difusión. Al fin y al cabo es algo noticiable, debieron pensar.

Las Big Four llevan meses reforzando su estructura y creando unidades específicas de asesoramiento sobre la gestión de los fondos europeos. El mensaje de que quien deseé optar ‘seriamente’ a los fondos debe pasar por la ventanilla de las cuatro ha calado en todas las instituciones y estamentos. KPMG ya anuncia públicamente el contrato de asesoramiento con RTVE y la Generalitat Valenciana, y Deloitte, por su parte, hace lo mismo con Cepsa y el Ministerio de Transición Ecológica.

Todavía no han llegado los fondos, pero, como ocurría en la película de Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, ya hemos comenzado a repartirlos. Y es que, nos guste o no, seguimos siendo en gran medida como ese pequeño pueblo de Villar del Rey que sale en procesión a la calle para recibir a la delegación que hará realidad todos sus sueños: “Americanos… os recibimos con alegría”.

Ante jugadores tan “poderosos” (el gobierno, los partidos políticos, las grandes consultoras y despachos de abogados, la patronal con la complicidad de los sindicatos mayoritarios, los grupos de comunicación, etc.) la gran tentación es resignarse y pensar que cualquier esfuerzo por oponer resistencia resultará baldío. Hay que rechazar con firmeza ese pensamiento. Lo que está en riesgo con los fondos es la salida de esta crisis y la reputación de nuestro país.

Es preciso convencerse de que nada es tan poderoso como la acción colectiva, el impulso concertado, expresado a través de palabras y hechos, por miles de ciudadanos. Nada ni nadie es capaz de frenarlo.

El gran talón de Aquiles de esos jugadores es que el único lazo que les une es la búsqueda del propio interés que, entre todos los vínculos, es el más débil e inconstante. La batalla no está ni mucho menos pérdida. Apenas acaba de comenzar y les conviene estar preparados.


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Comentarios

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  1. SANCHEZ DE DIEGO

    Excelente. Muy bueno el análisis y terrorífico.

  2. José Ignacio Casas

    Coincido plenamente con el autor tanto en su análisis como en la voz de alarma ante la pasividad de la sociedad civil. La pandemia, además de acelerar muchos de los cambios ya en curso, está sirviendo de coartada para fomentar esa pasividad. (Me he permitido citar este análisis en la última entrega de mi Blog, con mi agradecimiento por adelantado).