¿Quién lleva la transparencia a los tribunales?

RTVE y los ministerios de Justicia y Sanidad son las entidades estatales que más juicios acumulan contra las resoluciones del Consejo de Transparencia.
<p>Barei, representante de España en Eurovisión 2016. Foto: TVE</p>

Barei, representante de España en Eurovisión 2016. Foto: TVE

Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, según establece la Ley la transparencia 19/2013, le ha costado al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno más de 16.000 euros en servicios jurídicos particulares en el último año.

Cuando una entidad, órgano o institución pública no cumple adecuadamente con su obligación, los solicitantes de información pueden reclamar ante el Consejo de Transparencia, quien debe estudiar el caso y resolver si la entidad u organismo está obligada a dar la información, entregando o permitiendo el acceso a los contenidos solicitados.

Sin embargo, todos los sujetos obligados de la Ley no están siempre de acuerdo con las resoluciones del CTBG, por lo que terminan llevando el caso ante el juzgado de lo contencioso-administrativo (órgano judicial competente para estos casos).

Desde 2015, fecha en que entró en vigor la Ley de Transparencia, hasta octubre de 2020, el CTBG acumula 6.189 reclamaciones, siendo estimadas y resueltas la mayoría (más del 50%).

En este sentido cabe señalar que el CTBG no tiene capacidad de sanción en el caso de incumplimiento de sus resoluciones, por lo que sus actuaciones en este ámbito se concretan en la “monitorización de los actos de ejecución realizados por los sujetos responsables de las decisiones” que han sido objeto de reclamación, y en el envío de los oportunos requerimientos en caso de incumplimiento o cumplimiento insatisfactorio de las resoluciones, según su Memoria de actividades 2019.

En cuanto a las resoluciones del CTBG que terminan ante los tribunales, se acumula un total de 253 recursos judiciales de entidades que persisten en no hacer caso de las resoluciones del Consejo y optan por acudir a los juzgados antes que facilitar la información solicitada.

Algunos de estos recursos han agotado la vía judicial, llegando a los tribunales superiores de justicia. No obstante, la mayoría de las autoridades judiciales han fallado a favor del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, como es el último caso presentado ante la Audiencia Nacional que desestimó los recursos de apelación de la Autoridad Portuaria de A Coruña y del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El aspecto más negativo de estas controversias entre sujetos obligados y el Consejo estatal, es el alto coste económico que suponen los litigios contencioso-administrativos para el órgano garante, pues lleva gastados más de 40.000 euros en servicios jurídicos de particulares desde 2015 hasta la actualidad, ya que la Abogacía del Estado no puede representar a dos entidades públicas a la vez.

La entidad estatal que más recursos judiciales ha presentado contra las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desde que entró en vigor la Ley de Transparencia es la Corporación de Radio Televisión Española.

Corporación de Radio Televisión Española

La entidad estatal que más recursos judiciales ha presentado contra las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desde que entró en vigor la Ley de Transparencia es la Corporación de Radio Televisión Española.

Según se puede comprobar en el apartado de Recursos y Jurisprudencia del CTBG, entre 2015 y octubre de 2020, la Corporación RTVE ha sido la demandante en 18 ocasiones contra las resoluciones del Consejo en el ámbito de la Administración General del Estado.

Además del alto grado de discrepancia de la Corporación RTVE con las resoluciones del Consejo, destaca el tipo de información que no facilita esta entidad pública, ya que mayoritariamente la información solicitada está relacionada con los contratos contraídos por la corporación y los gastos efectuados por la realización de programas de TVE, siendo este tipo de información el recogido por el artículo 8 de la Ley de transparencia.

En dicho artículo se especifica que los sujetos obligados por la ley deben “hacer pública la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria” y se especifica que deben publicarse “todos los contratos”, así como el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados y las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades.

Sin embargo, como se puede comprobar en los datos publicados por el CTBG, algunos de los asuntos que Corporación RTVE ha recurrido ante lo contencioso-administrativo son: gastos Festival Eurovisión 2015 y 2016, información económica de Masterchef, retribución bruta anual del personal directivo durante 2014 y 2015, el coste del especial Nochebuena y campanadas 2016 o el caché de presentadores y datos sobre producción de programas.

En la Memoria de 2017, el propio Consejo ya advertía de la reiterada negativa de esta corporación pública para cumplir con sus resoluciones y dar la información solicitada (ver La transparencia en cifras: 1 consejo, 18 funcionarios y 118.000 entidades obligadas), una tendencia que se mantenido hasta octubre de 2020, año en el que la Corporación ha cumplido por primera vez con una de las resoluciones estimatorias del CTBG, según se publica en la estadística sobre Seguimiento de resoluciones del Consejo.

Otras de las instituciones que más veces han recurrido las resoluciones del Consejo de Transparencia son el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Sanidad.

Ministerios de Justicia y Sanidad

Otras de las instituciones que más veces han recurrido las resoluciones del Consejo de Transparencia son el Ministerio de Justicia -acumulando 17 recursos judiciales-, y el Ministerio de Sanidad, quien ha presentado 16 recursos ante lo contencioso-administrativo.

A diferencia del caso de la Corporación RTVE, los ministerios mencionados acumulan los recursos judiciales a partir del 2017 y, según los datos consultados del Consejo, la discrepancia de criterios sobre el derecho de acceso no parece ser sistemática.

En cuanto al tipo de información solicitada y objeto de litigio, en el caso del Ministerio de Justicia está más relacionado con la información de relevancia jurídica como son los asuntos de la actividad de la Oficina de Recuperación y Gestión de Archivos, causas para no cumplir las resoluciones del Consejo de Transparencia y costes de los litigios, información sobre regulación del taxi o el expediente administrativo de exhumación, entre otros.

Mientras que en el caso del Ministerio de Sanidad, la información que no ha cedido abarca por igual los tres tipos de información pública tipificada por la Ley de transparencia. En este sentido, cabe señalar algunos de los asuntos como por ejemplo: publicidad institucional, contenido de determinados ensayos clínicos con medicamentos, autorización provisional de un medicamento, calendario vacunal y compra de vacunas, o datos de volumen, sistema de contratación y precio de medicamentos.

Según el seguimiento del Consejo de Transparencia sobre el cumplimiento de sus resoluciones, de momento ninguno de los dos ministerios han seguido sus recomendaciones, ya que la situación que muestra la estadística del órgano garante es que sus resoluciones con ambos ministerios se encuentran en las siguientes situaciones: “en sentencia”, “en contencioso-administrativo” o “no consta cumplimiento”.

El Tribunal Supremo de Justicia hasta ahora siempre ha fallado a favor del Consejo de Transparencia.

El Tribunal Supremo a favor del Consejo

Entre 2015 y octubre de 2020, el Consejo de Transparencia acumula 205 sentencias de los 253 recursos judiciales que le han interpuesto, de los cuales seis han llegado hasta el Tribunal Supremo de Justicia, quien hasta ahora siempre ha fallado a favor del órgano garante.

El demandante que más veces ha llevado al CTBG ante la corte suprema ha sido la Agencia Estatal de Administración Tributaria: hasta tres ocasiones, para resolver dos asuntos sobre información económica y presupuestaria: repartos de productividad en la Delegación Especial de Valencia y objetivos asignados y reparto de productividades en la AEAT de Valencia, siendo el tercer asunto sobre el catálogo de puestos de trabajo en Valencia.

El otro demandante destacado es la Corporación RTVE quién ha recurrido al Tribunal Supremo en dos ocasiones: en 2015, por el asunto sobre los gastos del Festival de Eurovisión y en 2016 contra la resolución para dar la información sobre la retribución bruta anual del personal directivo (2014 y 2015).

Por su parte, el Ministerio de Defensa también llevó al Consejo ante el Tribunal superior por la controversia con la resolución para dar acceso a la información relativa al listado de pasajeros y acompañantes de la flota del Grupo 45 de las Fuerzas Aéreas Españolas, fallando una vez más el Alto Tribunal a favor del Consejo.

Además de estos casos, es destacable que en noviembre de 2020 el Supremo volvió a respaldar el criterio del CTBG desestimando el recurso de casación (examen de la aplicación del derecho por parte de tribunales inferiores) que había interpuesto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por el acceso a las resoluciones sancionadoras de los expedientes tramitados por la CNMV frente al Banco Popular.

Según publica el Consejo de Transparencia, esta sentencia avala su criterio y muestra el apoyo de la autoridad judicial sobre una “interpretación amplia” del derecho de acceso a la información pública, que debe interpretarse “de forma estricta, cuando no restrictiva”, así lo afirma el Tribunal Supremo en la Sentencia 1565/2020 sobre el recurso de casación.

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