Cuando la voluntariedad adelanta por la derecha a la legislación

El reciente acuerdo de la Unión Europea, que obligará a las multinacionales a detallar los impuestos pagados en cada país y su presencia en paraísos fiscales, es una excelente noticia.

Para las multinacionales españolas, que vienen cumpliendo desde el año 2017 esta práctica, no constituye ninguna novedad sino, más bien, una confirmación de que la transparencia y responsabilidad fiscal de las empresas va a ir ganando peso y visibilidad en el futuro.

Aunque el Gobierno español modificó en el año 2016 el Reglamento del Impuesto de Sociedades introduciendo la obligación de informar a las multinacionales españolas de los impuestos pagados país por país, aprobando el modelo 231, esa reforma no se extendió a toda la Unión Europea por el bloqueo de algunos países.

No hay que olvidar que en el ranking de paraísos fiscales corporativos elaborado por Tax Justice Network figuran cuatro países europeos y se sitúan entre los 15 primeros: Holanda (4), Luxemburgo (6), Irlanda (11) y Reino Unido (13). Vencer la resistencia de estos países no ha resultado sencillo y no hay que descartar que los obstáculos continúen hasta que este acuerdo entre en vigor con toda su letra pequeña.

En cualquier caso, y sin menospreciar las iniciativas legislativas, tan necesarias en esta materia, que requiere de una respuesta conjunta e integradora, los resultados del informe Contribución y transparencia 2020, que elaboramos desde la Fundación Compromiso y Transparencia desde hace siete años, demuestra que, para que las empresas avancen en el compromiso con la transparencia y la responsabilidad fiscal, no es imprescindible el impulso legislativo.

Como recoge el informe, el avance que se ha producido durante estos siete últimos años en relación con la información sobre fiscalidad responsable es muy notable. No solo por el progreso generalizado de casi todas las empresas analizadas en la muestra, sino por la calidad de la información de aquellas que ocupan las primeras posiciones.

En efecto, que tan solo tres empresas hayan obtenido el calificativo de opacas cuando el primer año esta etiqueta se asignó a treinta de las 35 empresas del IBEX es un hecho que habla por sí mismo. Al igual que el número de empresas calificadas de transparentes haya aumentado de tan solo una a doce compañías.

Aunque el progreso, como señalamos, es considerable, la asignatura pendiente sigue siendo el papel del órgano de gobierno en la supervisión de estas cuestiones. Este año el informe contiene una sección especial en la que analizamos el papel de los comités de auditoría en la rendición de cuentas y supervisión de la responsabilidad fiscal.

El ranking de los comités de auditoría examina su diligencia, medida de acuerdo con el número de reuniones que tienen a lo largo del año, así como de la evaluación de la calidad de la auditoría legal; su independencia, en la que valoramos tanto la composición de los miembros del comité como la independencia de la entidad que realiza la auditoría legal evitando prestar otros servicios de asesoría, y, por último, enjuiciamos la transparencia en función del desglose transparente de los servicios adicionales que presta la auditoría legal y la rendición de cuentas a los accionistas.

Los resultados de esta primera evaluación de los comités de auditoría apuntan a que existe una correlación positiva entre la transparencia y responsabilidad fiscal y el papel de los comités a la hora de supervisar y rendir cuentas de estas cuestiones.

Esta conclusión no constituye ninguna sorpresa y confirma la evidencia de que hasta que los asuntos no se elevan al órgano de gobierno no adquieren verdadera relevancia e impulso. Por esa razón, de poco sirve para seguir progresando en esta materia que en las compañías exista un área fiscal que se esfuerza por mejorar en todos los aspectos relacionados con la fiscalidad responsable, si ese esfuerzo no es reconocido y acompañado por el órgano de gobierno, representado por el comité de auditoría por delegación del consejo de administración.

Esperamos que los resultados de este informe contribuyan a seguir mejorando la información sobre la fiscalidad responsable de nuestras principales compañías y a continuar animando el debate y el intercambio de buenas prácticas sobre esta cuestión tan relevante.

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