Elogio al cortoplacismo: con el “pan para hoy” no habrá gobierno abierto mañana

Una de las consecuencias del ambiente de crispación política es la necesidad de criticar cualquier propuesta del adversario, incluso si los fundamentos son compartidos. Esta tendencia se ha instalado también en las políticas relativas al gobierno abierto, lo que puede derivar en un desarrollo insuficiente y una baja adherencia a las mismas por parte de la ciudadanía.

Hace unas semanas se presentó el estudio España 2050, un ejercicio de prospectiva destinado a contribuir al diseño de una estrategia de país a largo plazo, gracias al trabajo de un centenar de investigadores y académicos de diversas disciplinas, con el apoyo de organismos como la AIReF, el Banco de España o el Joint Research Centre de la Comisión Europea. Esta visión a largo plazo se sustenta en un diagnóstico de la situación actual y se concreta en 50 objetivos y nueve retos de país.

Sin entrar a valorar el contenido del estudio, no es ese el fin de este artículo, me ha resultado francamente sorprendente la cantidad de críticas recibidas por su mera existencia, y no tanto por su contenido.

Que hay problemas más graves que resolver hoy que mirar a lo que pasará dentro de 30 años. Que menos adivinar el futuro y más trabajar por el presente. O los más descabellados, muestra bien de una profunda falta de honestidad intelectual, bien de una ignorancia supina sobre lo que significa la prospectiva, bien de un imperturbable ánimo de enfangar: que si el Gobierno o su presidente se piensan quedar en el poder hasta 2050.

Fascinante. Y desolador.

Llevamos décadas criticando la falta de visión a largo plazo de España, la dependencia del sector servicios (y del ladrillo en épocas) de nuestra economía, la falta de valor agregado de nuestra industria, el paso rezagado respecto al ‘primer mundo’ en I+D+i… Décadas de lamentos enquistados en el cansino Spain is different, que si no somos como los alemanes (o los que toquen dependiendo del momento), que si son mejores porque allí sí que tienen visión a largo plazo y saben prepararse para estar siempre a la vanguardia…

Pero se hace aquí y cae la tormenta. De críticas e incluso de burlas, como apunta Manuel Hidalgo en esta columna, en el que comparte, además de sus reflexiones al respecto, algunos ejemplos de prospectiva a nivel internacional, de países ‘ejemplares’ y de supuestos milagros que no lo son. Lamenta el autor esta tendencia patria al criticar por criticar, a reírse de lo que se hace y de quien lo hace por ser quien es, y lamenta también las afirmaciones de que este tipo de ejercicios son algo inútil.

Hay un elemento bastante claro en esto, y es que las críticas se producen en buena medida, por no decir principalmente, por quien ejecuta estas acciones más que por la acción en sí. En una situación de crisis global como la actual, no hay que ser ni muy perspicaz ni adivino para saber que los años venideros traerán cambios importantes y que hay que pensar en un horizonte temporal a largo plazo, sin olvidar obviamente el corto y el medio.

Entonces, ¿por qué tanta crítica, si podemos presumir un acuerdo general en que es necesario deliberar sobre nuestro futuro como sociedad? La respuesta la podemos encontrar, en parte, en este elogio al cortoplacismo, constante y lamentable, que se alimenta de la necesidad de buscar vías de confrontación en cada oportunidad para seguir manteniendo la atención de los medios y los electores en un escenario de máxima tensión y volatilidad política. Da igual lo que tú propongas, que yo estaré enfrente para mantener mi parcela de escaleta televisiva mostrando, si es preciso, mi desacuerdo contigo en que estemos de acuerdo.

Y no es poco lo que tiene que ver en este escenario, como causa favorecedora del cortoplacismo, la fragilidad de los liderazgos internos, que necesitan de un permanente afianzamiento. Los liderazgos de un partido se ven combatidos dentro y fuera de las siglas, y cualquier momento es susceptible de generar una crisis interna o el auge de un liderazgo alternativo. Y para combatir esto, se ha impuesto el alzar la voz por encima del otro como mecanismo de ataque/defensa o supervivencia.

Que conste que no se trata de decir que no hay motivos para criticar la gestión de los gobiernos, de cualquiera. De hecho, como cantara Sabina, “nos sobran los motivos” y es una cuestión fundamental para la salud democrática poder ejercer esa función de control desde la oposición política, desde los medios de comunicación y desde la sociedad, organizada y a nivel individual. Que no se olvide esto y que no falte nunca.

El abuso de hipérboles catastrofistas, la exageración en busca de titulares y la crítica destructiva son elementos que favorecen la disminución de la calidad democrática y corroen la confianza de la ciudadanía en las instituciones

Pero tampoco podemos obviar que el abuso de hipérboles catastrofistas, la exageración en busca de titulares y clickbaits, y la crítica destructiva, incluso basada en falsedades (basta con repasar la cantidad de argumentos de ataque sostenidos en datos falsos o manipulados), son elementos que favorecen la disminución de la calidad democrática y corroen, como el óxido, la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en los partidos políticos, protagonistas absolutos de la representación.

Y si por causa de esta identificación entre partidos y política, la sociedad termina equiparando la calidad del sistema político al comportamiento de sus representantes y los partidos, el peligro de una crisis del sistema democrático es tan evidente como repetida ha sido la advertencia. Para evitar males mayores, tan necesaria es una mejora de la calidad de los gobiernos como de la oposición.

Esta situación de trincheras se traslada hoy en España a prácticamente cualquier terreno político. El gobierno abierto no es una excepción.

Vivimos un periodo, que no ha concluido y que no tiene visos cercanos de concluir, en el que la transparencia ha servido mucho como arma arrojadiza contra el rival político, y poco como elemento de autocrítica y mejora interna.

En este tiempo la acusación de falta de transparencia ha sido un mecanismo de desgaste del adversario sencillo de ejecutar y efectista en lo comunicativo, que se proclama en multitud de ocasiones en todos los niveles de gobierno y oposición. Cosa distinta es cuando atañe a las siglas propias. En cualquier caso, se están logrando avances significativos en materia de transparencia que debemos celebrar, y a nivel general parece claro que estamos mejor que hace diez años.

Sin embargo, hemos vivido y seguimos viviendo escenas de cortoplacismo, que persiguen esa confrontación en un escenario artificial de campaña electoral permanente, en el que se puede afirmar una cosa y la contraria en función de las siglas de los implicados, aunque sea solo para ganar la batalla del día en los trending topics.

Hoy toca ser inflexible porque el adversario ha hecho algo (por poner un ejemplo deliberadamente genérico) en donde la sola sospecha ya es motivo de dimisión o cese inmediato; mañana (si le toca a los míos) lo correcto será esperar a que se pronuncien los tribunales, que estamos en un Estado de Derecho y hay que respetar la presunción de inocencia. ¿Y pasado? Pasado ya veremos, que en política ese tiempo es un mundo.

¿Cuándo concluirá este periodo? Cuando se asiente un cambio cultural en el que lo reprochable sea lo mismo para todas las partes, incluyendo a clase política, medios de comunicación y sociedad en su conjunto. La mirada miope, cortoplacista, no es buena compañera de viaje en este propósito, que requiere de tiempo, de acuerdos profundos y de educación desde la etapa escolar.

La urgencia con los presupuestos participativos

Hay otro campo concreto del gobierno abierto donde se está declamando esta preocupante oda al cortoplacismo: los presupuestos participativos. Se ha instaurado en algunas ciudades, porque este proceso es eminentemente municipal (aunque tengamos ejemplos de Comunidades Autónomas y Diputaciones provinciales que también los están ejecutando) una crítica continuada a estos procesos por varios motivos: la escasa participación, la subversión de la democracia representativa, la calidad de las propuestas y la insuficiente tasa de proyectos ejecutados.

Hay otro campo concreto del gobierno abierto donde se está declamando esta preocupante oda al cortoplacismo: los presupuestos participativos.

En cuanto a la baja participación, en la mayoría de casos es un hecho estadístico. En comparación con la población total de los municipios, es pequeño el porcentaje de participantes. También es cierto que llevamos cuarenta años de democracia y nos encontramos con elecciones generales en los que no va a votar más del 30% del censo, o en elecciones europeas con abstenciones de más del 40 o 45%, registros similares a las elecciones municipales, el escenario más comparable en este caso, en el que nunca se ha superado a nivel nacional el 70% de participación. Y no por ello dejamos de decir que hay que votar.

Es cierto que estos niveles de voto son mucho más altos que los que podamos encontrar en los procesos participativos en España, pero no podemos compararlos como procesos de la misma relevancia ni del mismo calado social, normativo y mediático.

Con los presupuestos participativos estamos prácticamente empezando en la mayoría de municipios, con un puñado de ediciones, normalmente una por año, desde 2015-2016. Podríamos decir que estamos en pañales aún. Y que falta mucho por educar, por concienciar, por saber transmitir la conveniencia de participar para la mejora del entorno cercano, incluso por mostrar la ejecución de años anteriores.

Esto sirve para engarzar con otra crítica a los presupuestos participativos: que no se ejecutan los proyectos. Faltan investigaciones para afirmar esto de una manera rotunda, y probablemente veremos pronto estudios en este sentido, pero son diversos los motivos que pueden retrasar la ejecución de los proyectos, especialmente en grandes ciudades en las que hay multitud de iniciativas seleccionadas, como Madrid.

Un repaso a muchas localidades nos muestra cómo sí se están cumpliendo los compromisos adquiridos y los proyectos están en distintas fases de tramitación. Ahora bien, las críticas suelen hacerse sobre el total de proyectos terminados, una pequeña trampa estadístico-comunicativa.

Y en muchos casos, la ejecución total requiere tiempo, por el tipo de proyecto o por los ‘cuellos de botella’ que se han formado en algunas entidades, que también está ocurriendo. Pero, por otra parte, cabría pensar en la cantidad de proyectos ‘no participativos’ que se dilatan en el tiempo. Es decir, ¿es el modo en el que se decide la inversión el responsable de la tardanza o es una cuestión de gestión?

Otra crítica, aunque menos presente, es que muchos de los proyectos son inversiones poco importantes o que no deberían hacerse. Pero si parte de una comunidad ha votado mayoritariamente por un proyecto, será porque les parece una buena inversión. ¿Qué tal vez construir o acondicionar un parque o una pista deportiva, arreglar una calle o poner aire acondicionado en un edificio público no es importante o prioritario? Las personas que viven allí consideran que sí puede contribuir a la mejora de su calidad de vida.

Es curioso cómo se apela a la voluntad popular solo cuando coincide con nuestros intereses. Entonces volvemos al “¡pero es que no ha votado casi nadie!”. La posibilidad de hacerlo estaba para quienes tengan otras ideas, que pueden presentarse en años sucesivos.

Es un proceso abierto y que se irá enriqueciendo en calidad con el paso de ediciones. Y también en cantidad: se observa un aumento de la participación según avanzan las convocatorias.

Motivos: mayor conocimiento de la existencia de estos procesos, más confianza al ver que se realizan los proyectos, ideas que surgen como reacción o inspiración por lo votado en años anteriores…

Pero no solo tenemos que quedarnos con la gente que vota las propuestas, sino también con la cantidad de propuestas vecinales. Por ejemplo, Valladolid ha recibido más de 1.700 propuestas en la última edición. ¿Acaso no tiene valor democrático, político, social y económico esta cantidad de ideas?

<p>Niveles de participación en los presupuestos participativos DecidimVLC. Fuente: Twitter.</p>

Niveles de participación en los presupuestos participativos DecidimVLC. Fuente: Twitter.

Y, por último, se critica que es un mecanismo que pretende subvertir la democracia representativa. Cabe decir, por un parte, que los presupuestos participativos representan un pequeño porcentaje del presupuesto total municipal. El resto lo gestiona el equipo de gobierno, como debe ser, como representante elegido democráticamente en las elecciones. Disculpen la obviedad.

Por otra parte, los procesos de democracia directa son complementarios, no sustitutivos, de la democracia representativa. Son dos modelos que pueden y deben integrarse para obtener mejores resultados en la gestión de lo público, porque sirven para una mejor detección de los problemas y de las demandas ciudadanas, porque la incorporación de la inteligencia colectiva enriquece las políticas públicas, porque generan cohesión social.

Como señalan los profesores Jorge Resina y Cecilia Güemes (Instituciones Abiertas y Creación de Confianza: Experiencias desde España, Revista de Gestión Pública, enero-junio 2019), desde los primeros años del siglo XXI se ha producido una triple crisis en el plano político (del modelo jerárquico de gobierno, de la Administración pública weberiana y de la democracia representativa) que ha tenido una triple respuesta por parte de la innovación democrática.

Para los dos primeros la respuesta ha sido la gobernanza social y el gobierno abierto. La respuesta a la crisis de la democracia representativa ha sido la democracia directa, deliberativa y participativa, que ha tomado formas como la de los presupuestos participativos.

¿Qué persiguen estas propuestas? Elaborar fórmulas para recuperar la confianza perdida en las instituciones, en la política, en los representantes y cargos públicos. Estas respuestas requieren de muchos factores, entre ellos el tiempo, no el cortoplacismo. Porque el cortoplacismo, esa crítica por la crítica para el desgaste del rival, lo que puede generar es desconfianza en las iniciativas de gobierno abierto.

Desconfianza en la transparencia, porque todos mienten. Desconfianza en la participación, porque eso no sirve para nada y no me van a hacer caso porque los proyectos no se hacen. Y esa desconfianza no promoverá el asentamiento del gobierno abierto como un modelo de gestión pública capaz de superar las dificultades que se han detectado y que no son fáciles de erradicar. Si los propios representantes la utilizan como arma, poco podemos esperar de la adherencia de esas políticas en el ciudadano medio.

Un buen espejo en el que mirarse serían las redes de colaboración interinstitucional, donde las prioridades cambian y el discurso se ve relegado por los objetivos.

Un buen espejo en el que mirarse serían las redes de colaboración interinstitucional, donde las prioridades cambian y el discurso se ve relegado por los objetivos. Ejemplos como la Fundación Kaleidos, que reúne a un grupo de ocho ayuntamientos de distinto signo y que trabajan codo con codo en la consecución de objetivos comunes, como la elaboración de planes o documentos estratégicos.

O la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación de la FEMP, donde más de 240 corporaciones suman para avanzar en la mejora general e individual de sus organizaciones a través de la formación, la divulgación y la puesta a disposición de diversas herramientas.

O el propio Foro de Gobierno Abierto, que reúne a representantes del gobierno estatal con los de las Comunidades Autónomas, las entidades locales representadas por la FEMP y las entidades de la sociedad civil, donde se busca el avance global y no se percute la capacidad de nadie por sus siglas.

O la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI)…

Asimismo, podríamos fijarnos en las entidades de la sociedad civil en su acción particular, que llevan años trabajando con una mirada a largo plazo, cuya función ha sido determinante en la promoción y divulgación, por ejemplo, de la transparencia.

¿Qué hubiera sido de la transparencia sin el empuje de Transparency International a nivel mundial? ¿Y en Europa sin el trabajo de Access Info y otras entidades hermanas? ¿Dónde estaría el derecho de acceso a la información en España sin las batallas judiciales de Civio? ¿O sin la aportación doctrinal y divulgativa de Hay Derecho?

¿Y serían los mismos los avances voluntarios de distintas instituciones, incluyendo a grandes empresas, en materia de transparencia y buen gobierno sin los informes de la Fundación Compromiso y Transparencia? ¿Y qué decir del impulso académico y divulgativo desde Acreditra y la universidad (la Complutense principalmente, junto a la anfitriona de cada edición) con su Congreso Internacional de Transparencia?

Muchos brazos remando en la misma dirección, durante mucho tiempo y sin poner palos en las ruedas.

Pero estos casos de la sociedad civil son claros ejemplos de respuestas reactivas a un problema muy fácil de identificar como enemigo común: la corrupción. Sin embargo, el carácter propositivo, constructivo, de la participación necesita de mayores estímulos para ser abrazada como una política que ocupe las preferencias de la ciudadanía.

No encontraremos en los barómetros del CIS ‘la falta de participación’ como uno de los principales problemas de la sociedad, como lo ha sido la corrupción. En este sentido, la labor por aumentar la adherencia social a las políticas participativas necesita de mayor impulso político que la transparencia.

Paso corto, mirada larga y convicción en lo que haces, tanto en las actividades como en los propósitos. Esta es parte de la receta del éxito en las políticas públicas, especialmente las que requieren de un cambio cultural como en el caso que nos ocupa. Pero lo que suma en interés general suele restar en munición para los titulares y para escribir las consignas de argumentarios de los lunes. Es un precio que, a corto plazo, muchos no parecen dispuestos a pagar.

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