¿Qué se debe aprender de las empresas corruptas?

El pago de sobornos para obtener contratos, la utilización de influencias políticas, el fraude para lograr subvenciones o pagar comisiones a clientes para conseguir ventas son algunas de las muchas y perversas formas que adoptan las malas prácticas en materia de corrupción.
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En muchos casos, se adoptan este tipo de conductas bajo la excusa de que siempre se ha hecho así, de que el mercado no deja más opciones o de que en determinados países o sectores del ámbito público no es posible penetrar si no es a base de sobornos y comisiones. Sin embargo, cada vez son más evidentes los efectos contraproducentes de actuar en el mercado bajo estas premisas.

Uno de ellos es la debilidad que paulatinamente va afectando a estas empresas que se inician en malas prácticas de corrupción. Al igual que un atleta con el dopaje, el camino fácil de la corrupción produce resultados rápidos y sin esfuerzos. Con el tiempo las empresas corruptas se vuelven menos competitivas  e incapaces de actuar con el propio esfuerzo con lo que se ven más necesitadas de acudir a prácticas corruptas.

Otro, consecuencia del anterior, es el riesgo de que se descubran las prácticas corruptas y acabar siendo enjuiciado públicamente por un delito asociado a la corrupción.

Quizás en un marco social distinto al actual este tipo de situaciones pudieran ser sostenibles, pero la tolerancia a la corrupción por parte de la sociedad ha cambiado y con ella la regulación jurídica de los delitos relacionados con la corrupción. Hoy en día, para una empresa con vocación internacional que opere con prácticas corruptas las posibilidades de acabar enjuiciada son muy altas y, en ocasiones, el daño reputacional será mucho mayor que el de las sanciones penales.

En marzo del año 2002 Arthur Andersen LLP, una de las más importantes empresas auditoras del mundo, fue acusada formalmente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por un delito de obstrucción a la Justicia. Según la investigación que provocó esta acusación, un socio de la firma que se encargaba de la auditoría de la empresa Enron había destruido documentos de esta empresa con el fin de ocultar su situación financiera.

Hoy en día, para una empresa con vocación internacional que opere con prácticas corruptas las posibilidades de acabar enjuiciada son muy altas y, en ocasiones, el daño reputacional será mucho mayor.

Aunque el caso pudiera, para algunos, no considerarse un supuesto de corrupción “estricto sensu” las lecciones que se obtienen del estudio de este caso son de obligado conocimiento.

La estrategia de Anderson ante esta delicadísima situación se mostró, a posteriori, tremendamente desacertada. En el plano procesal su posición fue la de negar la acusación y enfrentarse a la fiscalía de los Estados Unidos en un proceso intenso y de confrontación. A su vez, desplegó una inmensa campaña pública de desprestigio hacia la acusación y los fundamentos jurídicos que la sustentaban. La auditora no escatimó recursos en medios de comunicación, creó una página web con informes que negaban el fundamento de la acusación, organizó protestas de sus empleados e incluso presionó políticamente para que la acusación se diluyera.

En junio de 2002 un Tribunal de primera instancia condenó a Arthur Andersen por un delito de obstrucción a la justicia. Para entonces la reputación de la empresa auditora había caído de forma irreversible. Como es sabido, la empresa, que daba empleó a casi 30.000 personas, cesó en su actividad por la pérdida de confianza de sus clientes y por los impedimentos legales que entre otras le impedía auditar a empresas cotizadas. Lo paradójico del caso Andersen es que en 2005 el Tribunal Supremo anuló la sentencia que le condenaba, si bien para entonces la empresa ya no operaba en el mercado.

La misma Fiscalía de los Estados Unidos inició en 2007 una investigación contra la multinacional Siemens AG, a la cual se le acusaba de prácticas corruptas consistentes en pagos de sobornos para obtener contratos con diversos gobiernos.

Sin embargo, la estrategia de Siemens fue totalmente distinta al caso anterior. En septiembre de 2008 la empresa llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El acuerdo implicaba el pago de una multa de más de 800 millones de dólares, la más alta impuesta hasta la fecha a ninguna empresa. Pero lo más relevante es que, como fruto de ese acuerdo, la empresa se comprometía a implementar un ambicioso programa de ética y cumplimiento en toda su estructura empresarial cuyos pasos serían monitorizados por un experto independiente nombrado por un Tribunal.

Siemens se comprometió a implementar un ambicioso programa de ética y cumplimiento en toda su estructura empresarial cuyos pasos serían monitorizados por un experto independiente nombrado por un Tribunal.

Además, Siemens cerró investigaciones similares en otras jurisdicciones y asumió ante el Banco Mundial un reconocimiento de malas prácticas en corrupción con el compromiso de destinar 100 millones de dólares a programas anticorrupción. Fruto de este acuerdo la empresa lanzó el programa Siemens Integrity Initiative con el que se financia proyectos y organizaciones de lucha contra la corrupción en todo el mundo.

Arthur Andersen desapareció del mercado creando además un halo de desconfianza muy alto en el sector de las grandes auditorias. Siemens, en cambio, ha pasado de ser una empresa con altos niveles de corrupción a la búsqueda del liderazgo en la excelencia de la ética.

Estos ejemplos demuestran como el elemento reputacional puede ser mucho más dañino que la pena que conlleva el delito, y como la capacidad de gestionarlo ante el descubrimiento de que la empresa es corrupta es tan importante o más que la estrategia procesal.

Lo que se conoce como “el efecto Andersen” supuso un cambio radical de mentalidad en las empresas que se enfrentan a graves delitos a nivel internacional, entre los que la corrupción internacional tiene el dudoso honor de ser la estrella. También supuso una importante lección desde la perspectiva de la acusación procesal ya que se evidenció que una línea de acusación excesivamente dura podía tener consecuencias catastróficas para miles de empleos que ninguna culpa tenían respecto a malas prácticas de las que la mayoría de empleados eran ajenos.

En España se está aún en una fase temprana en cuanto a los procesos penales contra empresas y aún no hay suficientes elementos para medir las consecuencias de este tipo de procesos por corrupción a nivel corporativo, social, sectorial, etc. Pero nada impide pensar que no se puedan extrapolar a este entorno las experiencias que se conocen a nivel internacional.

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